Home > Columnas > La concesión de TCQ
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El negocio de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal (TCQ) realizado fraudulentamente por el gobierno de Pérez Molina, al evadir la concesión mediante un contrato de arrendamiento fue desde el principio objeto de críticas y denuncias.  Además de insistir que con anterioridad se habían negociado numerosos contratos de ese tipo para uso de instalaciones de ese puerto -como que si el error fuera fuente de derecho-  Pérez Molina y sus secuaces argumentaban que la obra era imprescindible para el desarrollo del país, que no se disponía de recursos para ejecutarla por cuenta del Estado y que oponerse a la misma era contrario a los intereses nacionales.

A la ilegalidad se sumó el soborno que recibiría por abonos la camarilla de Pérez Molina, en uno de los tantos negocios turbios que son la nota principal de ese gobierno. Durante más de dos años el proceso iniciado por Encuentro por Guatemala durmió el sueño de los justos en los tribunales, para que algún momento, como sucede ahora, se dijera que estamos ante un hecho consumado, reforzado por la adquisición por parte de otra empresa del arrendamiento otorgado a la empresa TCB de Barcelona, la que se presenta ahora como un tercero de buena fe, que compró, con toda la candidez del mundo, los derechos adquiridos. Sus voceros afirmaron que TCB no les entregó toda la información requerida,  que debieron completarla a través de una investigación y que esa información les hubiera gustado tenerla desde un principio (Prensa Libre, 21/7/16).  Es decir, que hicieron el negocio a ciegas. Encima de todo, nos quieren ver cara de babosos. Es como si alguien comprara un terreno viendo solamente los planos y no verificara los datos registrales y la inexistencia de gravámenes.

También ha dicho algún defensor del negocio que países como Costa Rica y Colombia están construyendo terminales similares y que nos quedaremos atrás.  No tengo referencias del caso de Colombia, pero en Costa Rica otorgaron la concesión para la terminal de Puerto Limón-Moína la empresa ATM Terminals, que invertirá $992 millones, luego de una licitación donde solo hubo un oferente.  Pero la ley de ese país -al igual que la de Guatemala- permite adjudicar cuando solo hay un concursante.  La Cámara Nacional de Bananeros y  el sindicato de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) presentaron impugnaciones, pero estas fueron desestimadas por una sala de lo contencioso-administrativo, así que lo de Costa Rica no se parece en nada a lo de Guatemala.

“Ahora el gobierno, incluso declarando falsamente que cuenta con el apoyo de la CICIG y el MP.”

Ahora el gobierno, incluso declarando falsamente que cuenta con el apoyo de la CICIG y el MP -que oportunamente desmintieron-  impulsa la autorización por parte del Congreso de una concesión de carácter excepcional, otorgada en contra de las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual indica que las concesiones deben ser otorgadas mediante licitación  y que para este tipo de negociaciones no se puede acoger a los casos de excepción que contempla la ley para la adquisición de bienes y servicios y los contratos de obra.  Cierto es que el Congreso puede derogar tácitamente esa disposición y hacer una excepción de una norma emitida por dicho organismo, pero dónde queda la certeza jurídica. Se dice hasta la saciedad que un elemento fundamental para la inversión nacional y extranjera es la certeza en la aplicación de la ley.  Ahora, por utilidad y necesidad pública se pretende pasar por encima de una ley vigente, sentando un peligroso precedente.

Las razones, esgrimidas por el interventor de TCQ casi desde el instante mismo que tomó posesión, manifestándose en más de una ocasión como un representante de la empresa en lugar de alguien que está obligado a defender y promover los intereses del Estado, no son del  todo convincentes. Se dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito, pero no se han expresado claramente las posibilidades reales que tiene el Estado de ganar un juicio, que bien puede ser acompañado de una campaña internacional, ahora que hay tanta rechazo a nivel mundial contra la corrupción, en la que se indique que un pequeño país, empeñado en la lucha contra la corrupción, busca sentar un necesario y sano precedente en las relaciones entre las empresas transnacionales y los Estados.

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