El Siglo

Antejuicio, igual a impunidad

Tienen razón los diputados, los alcaldes y muchos otros funcionarios públicos en tratar de evitar la reforma constitucional relativa a suprimir el antejuicio, porque sin esa figura se les podría investigar sin necesidad de que el Congreso de la República o la Corte Suprema de Justicia autoricen al Ministerio Público a indagar sobre un acto ilícito en que se vean involucrados. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable, según la ley, pero desde el punto de vista ético y moral, defender ese privilegio es despreciable. Burla el principio de igualdad de todas las personas ante la ley. Un funcionario público no puede estar protegido contra la aplicación de la ley, amparado en una herramienta que entrampa la investigación de la corrupción. Las sanciones, lejos de ser blandas, deberían ser drásticas.

Debido al beneficio que otorga, el antejuicio se establece en favor de un sinnúmero de funcionarios públicos, entre quienes se encuentran: El presidente y vicepresidente. Ministros y secretarios. Diputados. magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. Los alcaldes y los integrantes de los Concejos Municipales.  Los Gobernadores Departamentales. El fiscal general, el contralor, los Procuradores. En épocas electorales cada candidato goza de antejuicio. O sea que más de 16 mil personas, durante seis meses, disfrutan de inmunidad. La lentitud del proceso significa que candidatos con solicitud de antejuicio, ya inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, ganen la elección, tomen posesión y ejerzan como alcaldes, sin ninguna resolución firme. Hasta diciembre de 2015 habían 833 solicitudes de antejuicio, de las cuales solo 72 habían sido admitidas para su trámite.

“Debido al beneficio que otorga, el antejuicio se establece en favor de un sin número de funcionarios públicos.”

Hace un año se vetó la toma de posesión de 16 diputados, a quienes la Corte Suprema de Justicia les quitó el antejuicio para que pudieran ser procesados por diversos delitos o faltas, ya que no se ajustaban al artículo 113 de la Constitución de la República. Sin embargo, resulta que los suplentes de los 16 diputados eran familiares o contratistas del Estado. La depuración fue inútil. La inmunidad se suma a las leves sentencias. Benjamín fue condenado a 12 años de cárcel por robar Q312 en una parroquia, mientras Arnoldo Medrano, alcalde durante 25 años, recibió sentencia de apenas 6 años, por acusaciones de corrupción.

El 113 constitucional dice: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”. ¿Por qué una persona capaz, idónea y honrada se opondría a la anulación del antejuicio? Los diputados y el funcionario arman gresca, como aquellas fieras que defienden su territorio, dispuestos a todo con tal de seguir con ese privilegio. Si el Estado democrático otorga el derecho a la defensa y al debido proceso, el antejuicio resulta ser una herramienta para la impunidad.

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