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La ley de control telemático

editorial

Es alarmante el número de capturas que realizan  diariamente los agentes de la Policía Nacional Civil  (PNC), en conjunto con el Ministerio Público(MP) y muchas veces con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin duda, por eso se mantienen las carceletas llenas en el sótano de Torre de Tribunales y, horas después, muchos de ellos son llevados al centro preventivo de la zona 18 y a otros lugares de privación de libertad.

Con esta nueva  quedará a disposición de los jueces decidir si la persona sindicada va a prisión preventiva o si es beneficiada con arresto domiciliario.  Esto queda a  discreción de los jueces, pero se enfoca que es para personas que cometan delitos menores. Entre dichos delitos menores se encuadran los accidentes de tránsito comunes y otros donde no haya de por medio personas fallecidas.  A muchos les ha parecido que todo ello puede servir para que muchos exfuncionarios acusados de corrupción resulten beneficiados.

El paso del tiempo confirmará o no la efectividad de la misma, pero es vista con optimismo para aquellas personas que guardan prisión preventiva y, en muchos casos, por faltas leves o que tienen la presunción de inocencia. Se estima que en las cárceles del país hay más de 20 mil privados de libertad, aunque muchos de ellos ya tienen una condena.

Se indica en la nueva ley que el Ministerio de  Gobernación deberá crear el Centro de Control Telemático, establecer la competencia y facultades de los jueces que controlarán la ubicación de los prisioneros y la obligación de la Corte Suprema de Justicia para la creación de un acuerdo para la implementación de la iniciativa.  Si, como dicen las autoridades,  pudieran salir beneficiadas unas 4 mil personas, ya es un pequeño alivio para desocupar una parte de las cárceles  Sistema Penitenciaria.  Ojalá sirva también para separar a quienes tienen condenas mínimas  de aquellas personas que son consideradas como de peligro por las largas sentencias.

El sistema carcelario por naturaleza ha sido un círculo de corrupción, aún en estos tiempos. Se permite el ingreso de celulares, armas y otros objetos que en muchas ocasiones ingresan por los mismos guardias y en algunos casos con consentimiento de las autoridades que tiene a su cargo los  centros carcelarios.  El Ministerio de Gobernación  trabajará  un reglamento para el uso de las tobilleras y de los brazaletes a utilizar, además se hará una planificación de cómo se invertirá en la tecnología para dicho artefacto de rastreo.

Se contempla que otros delitos como  hechos de tránsito, estafa y evasión en lo económico, además de  los casos de violencia económica, donde el hombre es el único sostén, este grupo podría acceder al uso del brazalete o tobillera.  A criterio de la Fiscal General del Ministerio Público, Thelma Aldana, esta ley es un buen mecanismo que desde hace varios años han tratado de implementar en la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia. Estos brazaletes electrónicos se utilizarán  en casos especiales de acuerdo al perfil del privado de libertad, tales como en los casos de la violencia contra la mujer, en donde el agresor sea el único sustento de la familia.

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