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Fiscalizarán finanzas de los partidos políticos

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Convenio  Cooperación entre cinco entidades busca frenar dinero mal habido.

Las finanzas de los partidos políticos serán ahora auditadas y revisadas, luego que se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y la Superintendencia de Bancos (SIB). Esta alianza tendrá el propósito de establecer mecanismos de intercambio de información para la fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas.

En la firma del mismo fiscalizaràn finanzasestuvieron: Jorge Mario Valenzuela Díaz, presidente del TSE; Rudy Marlon Pineda Ramírez, magistrado del TSE; Juan Francisco Solórzano Foppa, Superintendente de la SAT y José Alejandro Arévalo Albúrez, Superintendente de la SIB;. Además José Raúl Solares Chiu, Superintendente de la SIT; Carlos Enrique Mencos Morales, Contralor General de la CGCN; y un delegado de la CICIG, quien participó como testigo de honor en representación del Comisionado, Iván Velásquez Gómez.

Regulación y control

El presidente del TSE, Jorge Mario Valenzuela, destacó que con la firma de dicho convenio se dará inicio a la regulación formal del control y la fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas. Además, dijo, que el TSE tendrá acceso a información relacionada con las organizaciones políticas, lo cual ayudará a que exista una contienda equitativa entre estas. El magistrado del TSE Rudy Pineda Ramírez, dijo que “Para ser efectivo el control aludido, se formaliza el acuerdo político trascendental, por medio del cual las instituciones aquí representadas se comprometen a formar parte del mecanismo de coordinación interinstitucional para el intercambio de información sobre el financiamiento de las organizaciones políticas”. Señaló que la CICIG apoyará esta iniciativa con asesoría y el impulso de acuerdos políticos y técnicos que permitan definir protocolos, procedimientos y sistemas de intercambio de información.

La transparencia

En su intervención el Superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, señaló que con la firma de este convenio reitera su compromiso de continuar su labor de transparencia y de proporcionar la información que el TSE requiera sobre las organizaciones y partidos políticos.  Por su parte, el Superintendente de la SIB, José Arévalo Alburez, calificó de trascendental esta iniciativa para el proceso democrático en el país: “Este convenio se convertirá en un importante instrumento que favorecerá la coordinación para el intercambio de información y el fortalecimiento del sistema electoral, y ello a su vez permita mejorar los niveles de confianza y credibilidad en las autoridades políticas de nuestro país”, expresó.

El Superintendente de la SIT, José Solares Chiu, señaló que el fortalecimiento de los partidos políticos es una necesidad en el país, lo cual fue plasmado en las reformas recientes a la LEPP. Manifestó su compromiso a contribuir con los requerimientos solicitados que estén dentro del marco legal y regulatorio de la Constitución de la República y otras leyes del país, así como “establecer procedimientos y protocolos que permitan la fiscalización efectiva del financiamiento de los partidos y organizaciones políticas”. El Contralor de la CGCN, Carlos Mencos, afirmó que dicho convenio es un compromiso de parte de todas las instituciones involucradas para ayudar al TSE a ejercer el control y la fiscalización de los partidos políticos. Valoró la participación de la CICIG en este proceso de acompañamiento y de asesoría, lo cual contribuirá a lograr los objetivos esperados.

La firma de este documento es el seguimiento a la sesión del pasado 7 de septiembre, cuando el pleno del TSE aprobó la creación del “mecanismo de cooperación interinstitucional para el intercambio de información sobre el financiamiento de las organizaciones políticas”, que busca impulsar la reforma del artículo 21 de la LEPP, y que obliga a dichas instituciones y a cualquier funcionario público a entregar información al TSE relacionada con el funcionamiento de las organizaciones y partidos políticos.

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