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Colegios profsionales y CGC

gabriel-orellana

Los colegios profesionales son instituciones que gozan del reconocimiento constitucional desde 1945; conforme con el artículo 90 de nuestra Ley Suprema tienen por finalidad “la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio”. Por este motivo -haber sido creados por la ley- el Código Civil (artículo 16), acertadamente, los incluye dentro de la categoría de instituciones de Derecho Público. 

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Cabe agregar -dicho sea en forma muy sencilla- que todos, o casi todos, los colegios profesionales se financian a la presente fecha no solo con las cuotas de sus miembros sino también con un tributo (carga impositiva establecida por una ley) cuyo cobro se efectúa por medio del timbre profesional correspondiente. Esto último ha transformado a los colegios profesionales -y a algunos más que a otros, obviamente- en fuente importante de recursos monetarios, apetecibles clientes para los bancos del sistema y en importante -y lucrativo- botín político para algunos de sus miembros.

Vienen al caso estas consideraciones justificadas a la luz dos principales motivos: (i) el mensaje publicado en elPeriódico el 10.11.16 con el preocupante título que dice: “Más de Q 14,000,000.00 faltantes en el Colegio de Arquitectos de Guatemala” ; y (ii) el papel que, por mandato constitucional le corresponde desempeñar a la Contraloría General de Cuentas, cual es la de “fiscalizar los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado” y también -por si lo anterior fuese poco- de “cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos.”  Tal es lo que dispone el artículo 232 de nuestra Carta. 

No existe en mi opinión motivo alguno que justifique la negativa ni la reticencia de la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar los fondos de los colegios profesionales habida cuenta del sólido fundamento jurídico que la ampara, además del interés social subyacente que protege el patrimonio común de los colegiados, especialmente sus fondos prestacionales.

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