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Por: Jonathan Ardón F

Primero fue Burundi, luego Sudáfrica y ahora Gambia, tres países africanos han iniciado el proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI).

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de justicia internacional, permanente y cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Su instrumento constitutivo fue el Estatuto de Roma de 1998 que entró en vigor el 1 de julio de 2002 tras ser ratificado por 60 países. El Estatuto de Roma cuenta con 139 Estados firmantes y 122 ratificaciones.

En 2015 la tensión entre el régimen de Pretoria y la CPI sehabía elevado notablemente,cuando Sudáfrica ignoró la orden de detención de la CPI contra el Presidente de Sudán del Sur, Omar al Bashir, quien se encontraba de visita en ese país, acusado de genocidio y crímenes de guerra. Fue el primer momento de medición de fuerzas, ganada por los líderes africanos a un tribunal al que acusan de actitudes racistas  y dejo entrever el panorama que se estaba formando.

El argumento utilizado contra la CPI, por parte de los países africanos esque, “es una corte blanca”, la CPI solo persigue a los africanos. Es una conclusión fácil cuando nueve de las 10 investigaciones activas por el tribunal desde su creación, se refieren a países africanos. Mientras crímenes cometidos en otros lugares del mundo no son sometidos a esta jurisdicción.

“La Corte es blanca y está pensada para hostigar y humillar a la gente de color, en particular los africanos”, dijo el ministro de Información de Gambia, SeriffBojang, y así fue como este país anunció su retirada de la CPI el pasado mes de octubre. También criticó “la incapacidad de la CPI para acusar al exprimer ministro británico, Tony Blair, por la guerra de Irak”, ya que denuncian que hay una insistencia en perseguir casos en África y no en otros continentes.

También, el pasado mes de octubre, el Parlamento burundés aprobó con 94 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones, el proyecto de ley presentado por el Gobierno para iniciar su salida de la CPI. El gran impulsor de esta iniciativa, fue el propio presidente Pierre Nkurunziza, cuyo régimen se encuentra en la mira de la justicia internacional después de que agentes del Estado hayan cometido graves violaciones de los Derechos Humanos, posibles crímenes contra la Humanidad y genocidio, según concluyó el pasado mes de septiembre una misión de expertos de la ONU.

Sin embargo, la decisión de Burundi no ha venido sola. Ya  que Sudáfrica, ha adoptado la misma decisión. Y se teme que podría generar un efecto dominó en el resto del continente. Chad, República Democrática de Congo, Costa de Marfil y la República Centroafricana, también empiezan a considerar su salida, de producirse, sería un duro  golpe y difícil encajar para el sistema internacional de  justicia.

Omar al Bashir, Pierre Nkurunziza, entre otros gobernantes de los países africanos, tienen razones muy serias para desacreditar y oponerse a la CPI. La CPI atraviesa una de las peores crisis de legitimidad de su corta historia. Queda claro que la CPI debe corregir su rumbo para acallar las críticas africanas, cosa difícil mientras no se sumen al Estatuto de Roma las grandes potencias (EE. UU., Rusia, China).

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