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Desconocimiento del marco legal

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Son varias ya las ocasiones en las que se nota  el desconocimiento de aspectos elementales del ordenamiento legal por parte de los asesores del presidente Morales.  Él no está obligado a conocer los vericuetos y sutilezas de nuestra selva legal. Pero sus asesores, especialmente en la Secretaría General de la Presidencia, deben tener un profundo conocimiento de la normativa que rige la administración pública, para cumplir con el principio fundamental del Estado de derecho, relativo a que en el ámbito público solamente se puede hacer lo que la ley permite.

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Hace un par de meses la presidencia cayó en ridículo ante la Corte de Constitucionalidad, al consultarle si el Organismo Ejecutivo podía crear una secretaría de la presidencia. El artículo 202 de la  Constitución es clarísimo: las atribuciones de las secretarías de la Presidencia serán determinadas por la ley y la potestad legislativa corresponde al Congreso, por lo que solamente este organismo puede crear una secretaría de la Presidencia y asignarle funciones. Ya hay varios precedentes sobre el  tema, como cuando Pérez Molina intentó crear su secretaría de transparencia. Desconocimiento del marco legal

Es también sorprendente que, con motivo de la construcción de la cárcel en Villa Nueva, un viceministro de Gobernación diga que dicha cartera no está obligada a obtener la licencia de construcción municipal, pues la Ley de Contrataciones solamente establece que las obras del gobierno deben hacerse en armonía con los planes de la municipalidad. 

Esa ley no dice nada al respecto.  Es el artículo 145 del Código Municipal el que obliga a que las obras del gobierno central o de otras entidades públicas que se relacionen con el desarrollo urbano, se hagan en armonía con el respectivo plan de ordenamiento territorial.  A esto se agrega que el Reglamento de Construcción, Urbanismo y Ornato de la municipalidad de Villa Nueva, señala que toda construcción debe contar con autorización de obra.  En tanto el reglamento no sea derogado o el gobierno obtenga una resolución judicial en la que se indique que no está obligado a obtener licencia para una construcción, debe solicitar la autorización correspondiente.

Con el conflicto suscitado entre la Municipalidad de Guatemala y los pilotos del transporte pesado, el presidente nuevamente cae en el error, al afirmar que el problema se encontraba fuera de la jurisdicción del Ejecutivo. Resulta que la competencia de tránsito, de conformidad con la ley correspondiente, es competencia del Ministerio de Gobernación, por intermedio del Departamento de Tránsito de la PNC. El artículo 8 de dicha ley faculta al Organismo Ejecutivo a trasladar, mediante acuerdo gubernativo, la administración de esa competencia a las municipalidades, cuando se encuentren en condiciones de realizar eficientemente dicha función. En ese artículo se utiliza el término delegar, para referirse a ese traslado.  Y la delegación es un concepto del Derecho administrativo, según el cual se traslada el ejercicio de una competencia a otro ente público, pero la entidad que transfiere conserva la titularidad de la competencia -al contrario de lo que  sucede en el caso de la descentralización, cuando se pierde la titularidad- y puede revocarla en cualquier momento. 

De manera que el gobierno estaba en posibilidad de tomar medidas, al comprobar la improcedencia de parte o de todas las restricciones, que obligaran a revisarlas, so pena de retirar el ejercicio de la competencia. Y aquí es oportuno señalar la inconveniencia que, en una ciudad como Guatemala, extendida sobre la jurisdicción de varios municipios, la regulación del tránsito sea encomendada a las municipalidades, especialmente si estas actúan sin coordinación alguna, y más bien a espaldas unas de otras, y solamente la ven como una fuente de ingresos por concepto de multas. A lo que se agrega, en el caso del transporte pesado, el hecho de que la ciudad es paso obligado, y de momento insustituible, para la carga que va hacia los puertos desde la mayor parte del territorio, aparte de la que reciben o expiden las industrias instaladas en el área metropolitana.  Se necesita en consecuencia una visión de conjunto, para que el transporte pesado pueda convivir con el intenso tránsito citadino.

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