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La lucha contra la impunidad

victor-ferrigno

Sin justicia no puede haber paz ni desarrollo; es por ello que desde los albores de la humanidad, los grupos sociales han establecido normas de conducta y asignado personas u órganos que resuelven las controversias sociales, antes que estas degeneren en enfrentamientos y muertes.

Esta arquitectura institucional se funda en tres conceptos básicos: las normas de conducta deben establecerse con anuencia del conglomerado social, y rigen para todos sin excepción; la autoridad que resuelve las controversias debe gozar de legitimidad, por haber sido designada transparentemente; y la impartición de justicia debe hacerse mediante procedimientos que garanticen el derecho de defensa, la imparcialidad, la objetividad, las garantías de no repetición y el resarcimiento de las víctimas.

La antítesis de la justicia es la impunidad, mediante la cual se evade el imperio de la ley y se asegura que no habrá sanciones a la conducta delictiva, que se traduce en muerte, hambre, corrupción e inquisiciones. Construir un sistema de justicia garantista puede llevar decenios, pero cooptarlo, pervertirlo y hacerlo inoperante se puede lograr en pocos años, si la ciudadanía lo permite.

Si los ricos, los militares, los políticos o los clérigos tienen más poder que los jueces, nunca habrá justicia, pues generalmente quien tiene poder demanda impunidad. En esta contradicción se basa la batalla cívica que actualmente libramos en Guatemala: justicia versus impunidad.

En esta batalla los ciudadanos que abogamos por la justicia pronta, cumplida e intercultural, hemos recibido fuertes apoyos de la comunidad internacional, especialmente a través de la CICIG, pero el resultado final de la contienda dependerá de las y los guatemaltecos; nadie puede librar las gestas que nos corresponden, y los buenos resultados se han visto desde abril del año pasado, cuando dijimos ¡basta! y nos echamos a andar.

Por todo lo anterior, debemos apoyar decididamente todas las iniciativas en curso, que buscan fortalecer la justicia, comenzando con la reforma constitucional. Esta no es perfecta, pero es la que se pudo consensuar entre los tres organismos del Estado, y hay que evitar que la frene cualquier pacto de impunidad, como el que se está fraguando en el Congreso pues, sin reforma, se dificultará la lucha contra la  corrupción, como recién manifestó Thelma Aldana.

También requiere del apoyo ciudadano del occidente, la instalación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, la cual contará con el soporte de la CICIG. Ya hemos alertado sobre la pretensión de los poderes fácticos de promover la salida del comisionado Iván Velásquez del país, por lo que debemos darle todo el respaldo ciudadano posible, el cual se ha ganado a pulso.

En este contexto, es aplaudible la reciente constitución de la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, pero es absurdo que el día de su inauguración le hayan trasladado 17 mil casos que estaban en otras fiscalías, haciéndola colapsar desde el arranque. Los jueces y fiscales amenazados deben recibir nuestro apoyo, y debemos exigir que el Mingob, el MP y el OJ los asista con medidas de protección.

Finalmente, debemos oponernos a la pretensión de los empresarios que se frene la persecución penal de los evasores fiscales, antes de agotar el diálogo. Quien delinque debe ser perseguido, aunque sea un delincuente de cuello blanco. Hay que recordarles la máxima de Aristóteles: Es preciso preferir la soberanía de la ley, a la de uno de los ciudadanos.

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