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Es difícil sobreponerse a la consternación generada por la irreparable pérdida del intelectual y político Alfredo Guerra Borges, uno de los personajes guatemaltecos que fue parte de la generación de la Revolución del 20 Octubre de 1944. No obstante, su vida ejemplar le hace parte de aquellos hombres y mujeres que nunca mueren.

Coincidente con esa triste noticia, diversas agrupaciones sociales han manifestado su honda preocupación por lo que parece ser un pacto de impunidad y corrupción entre algunos partidos políticos representados en el Congreso de la República, ante todo por las alianzas emergentes que pretenden ocupar la junta directiva de ese Organismo del Estado.

Hay justa razón en esa preocupación. La negativa recurrente a rendir cuentas sobre decisiones y actos de dirigentes políticos y diputados en torno a temas cruciales y al manejo de recursos del Estado, hace que se mantenga opacidad en los actos públicos y que se abran fisuras que facilitan la corrupción y la impunidad. La forma en que se producen los acuerdos, generalmente ocultos a los ojos de la población, sigue produciendo desconfianza y malestar ciudadano en el sistema de partidos políticos.

Son los conocidos como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad los que mantienen vigente la amenaza de retroceso en los avances de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Los movimientos sociales y grupos democráticos, no se olvidan que en el pasado reciente -y en el lejano- fueron grupos de capital, legales e ilegales, los que han financiado campañas electorales y han desfigurado el debate político en el Parlamento, así como la elección de juntas directivas y las decisiones en materia de agenda y de aprobación de leyes. Han comprado a jueces y magistrados y celebrado negocios sucios, consumiendo recursos del Estado.

Los dignatarios y partidos tienen que frenar y cambiar las prácticas parlamentarias obstruccionistas derivados de compromisos ocultos.Ya es tiempo de dar paso a una legislación que responda a las necesidades contemporáneas del país y no a los deseos de grupúsculos por acumular más riqueza y poder.

Se percibe en el ambiente que hay una franca disposición a impedir que se produzcan cambios importantes en materia de seguridad y justicia en la Constitución Política de la República. En el ambiente se olfatea que las alianzas en el Congreso tienen dedicatoria para revertir la propuesta original y producir un efecto semejante a lo que sucedió en 1999 con las reformas de la paz. Pero hay un cúmulo adicional de anteproyectos e iniciativas de ley que duermen el sueño de los justos y que retrasan nuevos avances en materia de democratización de las instituciones y de funcionamiento de las distintas esferas del país. Su freno está vinculado a esos grupos ilegales.

Es necesaria vigilancia y protesta ciudadana para evitar que triunfen las pretensiones de afianzar la corrupción y la impunidad, continuar con la presión por transparencia y democracia en Guatemala.

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