Home > Columnas > Grandes temas ausentes III

Grandes temas ausentes III

Si de mejorar el sistema de administración de justicia se trata, hagámoslo; pero hagámoslo bien y no a medias. Por este motivo, hoy destaco dos nuevas, de entre las varias y notorias falencias que le llevo anotadas a la Iniciativa 5179 (“que dispone aprobar reformar la Constitución Política de la República de Guatemala en materia del sector justicia”, tal como la describe el fichero de la Dirección Legislativa del Congreso de la República).

La ausencia de una norma que sancione el retardo en la administración de justicia. La propuesta propone “sancionar de conformidad con la ley, la violación de la independencia judicial, el litigio malicioso y el abuso de derecho”. ¿Y la tardanza en resolver, qué? El Código Penal –muy en contra del principio de legalidad– sanciona el retardo en la administración de justicia, siempre que sea “malicioso” (¡!); pero decir esto y nada es igual.Grandes temas ausentes III

Justicia que tarda no es justicia. Precisa tener muy presente que si la ley fija determinado plazo para resolver, su incumplimiento implica retardo en su acatamiento y semejante conducta hacer que el juez viole la ley. Así de simple es la consecuencia del principio de legalidad.  El adjetivo de “malicioso” no es más que una alcahuetería o subterfugio, que perjudica a la sociedad. Es cierto también que los retardos no deben ser imputables exclusivamente a los jueces; pero ello tampoco justifica su contumacia y reticencia para cumplir con los plazos que expresamente fija la ley.

“La ley, cuando quiso decir, dijo; cuando no quiso, calló”, dice el aforismo latino. Y para completar bien esta idea es preciso recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8.1 y 25.1, aborda este tema señalando, en su orden, que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable” y que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes”.

De estas disposiciones enfatizo en dos conceptos clave: “rapidez” y “sencillez”, temas que –por cierto– la propuesta remite a una futura legislación que deberá ser emitida “dentro del plazo máximo de cuatro años”… ¿Cuántas asignaturas legislativas tiene pendientes el Congreso desde que nuestra Constitución  cobró vigencia en 1986? ¿Cuál ha sido el resultado de las varias sentencias exhortativas que al respecto ha proferido la Corte de Constitucionalidad?

Otra falencia que me preocupa es haber omitido la fijación de un plazo máximo de duración para la detención preventiva. Y es que en nuestro sistema las personas pueden permanecer privadas de libertad indefinidamente en tanto el Ministerio Público termina de realizar sus “investigaciones” y para el efecto solicita innumerables prórrogas chicaneras con la tolerancia de algunos jueces.

El tiempo –hay casos documentados– que esto toma incluso puede exceder el tiempo de la condena máxima que se le imponga a un procesado… de ser declarado culpable; pero también existen casos en que ¡salen absueltos o se declara la falta de mérito para continuar el proceso! ¿Y quién les repone el tiempo que duró su privación de libertad?

.
.

Leave a Reply