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El desarrollo y consolidación de la democracia implica esfuerzos intensos y denodados de los distintos sectores de la sociedad. Los militares, por ejemplo, solo pueden aportar a la democracia si vuelven a sus cuarteles y se dedican exclusivamente a las labores de resguardo de las fronteras. Los políticos deben asumir con rigor la transparencia en sus actos, esforzándose por representar los intereses de los amplios sectores de la población y no simplemente los de sus allegados y financistas.

Como todos sabemos, la democracia en Guatemala es apenas incipiente y, si bien sus instituciones aunque raquíticamente funcionan, esto no significa que los actores estén comportándose de acuerdo con las exigencias del régimen democrático. Un ejemplo espeluznante de ese intento por imponernos el retroceso es el seguimiento que desde la Secretaría de asuntos administrativos y seguridad presidencial (SAAS) se hizo por varias semanas a distintos ciudadanos.

La SAAS no es una agencia de investigaciones, mucho menos un centro de espionaje a los estilos autoritarios que la contrainsurgencia de las décadas de los años setenta y ochenta prevalecieron. De ahí que resulte preocupante que desde esas oficinas públicas, ricamente financiadas y mantenidas por el erario, se persiga a, por lo menos, cuatro ciudadanos, con claras intenciones de aterrorizarlos y amedrentarlos por el simple hecho de haberse manifestado en algún momento contra el poder hegemónico.Ansiosos por volver al pasado

Como se ha difundido por varios medios y según informaciones obtenidas directamente, la SAAS, por disposición y bajo el control del ahora diputado Armando Melgar Padilla (FCN), quien no tenía ningún nexo formal con esa secretaría, realizó seguimientos a Carlos Menocal, exministro de Gobernación (2010-2012); Marlon García, exvice ministro de Trabajo del gobierno de transición de Maldonado Aguirre; Bernardo Silva, del movimiento Guatemala Basta Ya, conocido como el “encadenado al Palacio”, y Oswaldo Ochoa, conocido como el “caminante”, sin que hasta ahora se sepan las razones y motivos que llevaron a Melgar Padilla y al presidente Morales a disponer tal procedimiento.

Los cuatro tienen en común haberse opuesto abiertamente a intereses o disposiciones del poder económico. Menocal fue uno de los tres ministros de Álvaro Colom que dispusieron no avalar el acuerdo gubernativo que prorrogó la concesión a Perenco. García se opuso a los salarios mínimos diferenciados, y Silva y Ochoa realizaron acciones “fuera de lo permitido” por el poder económico para protestar por la corrupción exacerbada y descarada del gobierno de Pérez Molina.

Todos son ejemplo de acciones críticas no controladas ni supervisadas por los grupos hegemónicos, efectuadas sin embargo dentro del marco de la legalidad imperante. Hicieron oír su voz de manera individual y contundente, mostrando su disidencia respecto a los intereses y designios de quienes controlan el país.

Su seguimiento y vigilancia, que de no haber sido denunciado nadie sabe hasta dónde habría sido llevado, parece haberse iniciado al final del gobierno transitorio de Maldonado Aguirre, usándose para ello los vehículos asignados a la custodia de la entonces primera dama, siendo continuado por Melgar Padilla con la total anuencia del presidente Jimmy Morales.

El esclarecimiento absoluto de tal hecho resulta imprescindible, pues todo apunta a que durante el gobierno de Maldonado Aguirre se configuró un clásico Cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad (Ciacs) al que Jimmy Morales ha dado continuidad y del que hasta ahora no se puede tener certeza de que haya sido totalmente desarticulado, pues la salida de Jorge López Jiménez y César Sagastume, jefe y subjefe de la SAAS, respectivamente, y la huida de Melgar Padilla al Congreso fueron cubiertas de secretividad y encaminadas más a proteger a los delincuentes que a perseguir de manera rigurosa tales comportamientos.

Mientras Morales y su gobierno no den muestras fehacientes de que efectivamente están por apoyar la consolidación de la democracia, es válido sospechar que muchos Ciacs se estarán organizando e impulsando desde su gobierno, intentando retornar a las épocas en las que la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales eran práctica gubernamental.

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