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En manos del Congreso está la nueva iniciativa de reformas constitucionales para el fortalecimiento de la justicia guatemalteca, no obstante, a diferencia de otras, las presentes están legitimadas con la participación de actores de la sociedad civil, en virtud que durante varios meses se discutieron en mesas de trabajo para conocer aportes al documento base.   

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Con estas reformas se pretende hacer cambios a aspectos como el antejuicio, comisiones de postulación, pluralismo jurídico, carrera judicial, Fiscal General, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, magistrados de sala de apelaciones, Consejo Nacional de la Justicia, jurisdicción militar. Estos cambios fueron propuestos  con la finalidad de actualizar el contenido de las instituciones  del sistema de justicia. Las últimas reformas que se introdujeron fueron con el Decreto 18-93 y posteriormente en 1999 hubo un intento fallido al ganar el no, en la consulta popular. 

 La Constitución Política de la República puede reformarse a través de una asamblea nacional constituyente y por el Congreso de la República, ratificada con consulta popular.  Sin embargo, no pueden modificarse los artículos 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187, que se refieren a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República, tampoco dejársele en suspenso, variar o modificar su contenido.  

La Asamblea Nacional Constituyente puede reformar los artículos del 3o. al 46. “Derechos Individuales” y el Congreso puede modificar los artículos 1, 2, 47 al 139, 142 al 165, “excepto la literal g) del art. 165”; 166 al 185, 188 al 277, 279 y 280.  

En ese orden de ideas, las presentes reformas encaminadas a renovar el sistema de justicia le corresponden al Congreso, que luego de la presentación de la iniciativa, tendrá que proceder a conocer el paquete. De aprobarse, el Parlamento deberá notificar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que convoque a consulta popular con la intención que la población las avale o rechace, resultado que se deberá notificar para que se pongan en vigencia los cambios aprobados.  

  El escenario posible para el futuro de la presente iniciativa, es que debemos tener claro que no faltará la campaña sucia por parte de poderes fácticos para sabotearla, porque de ponerse en vigencia las reformas, estos ya no podrán mover sus tentáculos para manipular la justicia.

Cualquier intento de manipulación debe ser rechazado por toda la sociedad, porque aunque estas reformas  no son perfectas, también lo es que son trascendentales para fortalecer el sistema de justicia y que la ciudadanía tenga un sistema de justicia confiable, transparente, independiente e imparcial. 

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