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Se progresa con realidades, no con discursos

¿Cuándo se da la eficiencia? Pues en el mercado, cuando las personas intercambian bienes y servicios voluntariamente porque les conviene; es decir, que cada una obtiene aquello que prefiere; cada una gana lo más que puede. De aquí que, el Estado, al imponerse coactivamente destruye, porque si fuerza a los ciudadanos (por caso, cobrando impuestos que preferirían no pagar) es precisamente porque no se realizaría espontáneamente, porque no les conviene. 

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Cuando los burócratas estatales dicen que harán gasto estatal eficiente, mienten. Con soberbia pretenden que creamos que sus imposiciones coactivas -con base en el monopolio estatal de la violencia- serán eficientes porque ellos dicen saber mejor que nosotros lo que nos conviene intercambiar y lo que no. De modo que la razón de fondo que hace ineficiente a una economía y, por lo tanto, pobre, no es la ideología sino el nivel de coacción que el Estado ejerce sobre el mercado, sobre las personas: a más violencia, más destrucción.

Según el FMI, el PIB de América Latina caerá 0.6% en 2016, tras un estancamiento absoluto de 0% en 2015, y mejoraría recién en 2017, con un rebote superior al 1%. Por su lado, la Cepal prevé un crecimiento negativo del 0.8% en 2016. En cuanto a la economía global, el FMI prevé una débil mejora.

La crisis económica en Venezuela se profundizaría; Perú, Bolivia y Paraguay seguirían su ritmo moderado con tasas de crecimiento del 3.5%, en tanto que Argentina se contraería 1.8% en 2016, y Ecuador caería en 2016 y 2017.

Ahora, queda claro que la ideología no existe frente a las razones de fondo ni a las realidades coyunturales. Así, forzados por la realidad al caer la economía -y por ende los recursos fiscales-, se ven forzados a realizar importantes recortes del gasto público.

El populista Rafael Correa, de Ecuador, encara el ajuste más grande de América Latina, con una reducción de $800 millones, habiendo ya recortado $400 millones correspondientes a gasto corriente. Desde 2015 ya supone una poda de $2.220 millones.

Por: Alejandro A. Tagliavini

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