Home > Columnas > El franco tirador

La relación entre los grupos guerrilleros colombianos y los productores de cocaína es estrecha; eso hizo que las FARC se constituyeran en una de las guerrillas mejor equipadas del planeta. Es obvio que su financiamiento proviene principalmente del narcotráfico, y que los productores de la droga buscarán ahora la protección del ELN, un grupo terrorista que no está incluido en las negociaciones; entonces, ¿qué garantiza la paz en Colombia? El andamiaje que sustenta el proceso de paz es muy débil; su mayor refuerzo, hoy, tiene nombre y apellido: Álvaro Uribe. Desde el domingo le corresponde al expresidente el liderazgo en las negociaciones. Un liderazgo informal, sí, pero extremadamente fuerte por su legitimidad, otorgada por ciudadanos de a pie como don José Gómez, un jubilado de 70 años que dijo a la prensa: “Es absurdo premiar a unos criminales”.


Según ha declarado la oposición, liderada por Uribe, habrá que sentarse de nuevo a la mesa a negociar algunas de las absurdas ventajas que los terroristas habrían obtenido, de alzarse con la victoria en el referendo. La garantía de no ser castigados después de haber confesado sus pecados de guerra es una, y los diez escaños que de manera automática ganarían en el Congreso sin someterse a elecciones es otra. Para mencionar un par solamente.


Si la oposición logra prevalecer en la mesa de negociaciones, la posición de los terroristas en el plano político será la misma que los marxistas alcanzaron en las negociaciones de paz en Guatemala; en el campo político-electoral tendrán que picar piedra, como todos, y probablemente tendrán que hacerlo ad eternum, lo mismo que aquí, en donde el favor de los votantes no les permite alzarse más allá del humillante 3%, con una representatividad miserable en el Parlamento.


Pero está también la otra parte; la de la mutación de la subversión a la oenegización, para continuar la lucha en los tribunales de justicia y en los medios de comunicación, como ocurre en Guatemala hoy, a 20 años de haberse firmado la paz, cuando algunos de los antiguos terroristas y sus herederos encontraron un filón de oro en la politización de la justicia en contra de nuestros soldados. Y a propósito, el director de la Copredeh, Víctor Godoy, manifestó que Guatemala debe más de Q300 millones en concepto de resarcimientos por condenas de la CIDH que, según él, hay que pagar.


El artículo 155 de la Constitución prohíbe el pago de resarcimientos derivados de un conflicto armado, por lo que Victor Godoy puede estar seguro de que si hace efectivo el pago de un solo centavo, se moverá cielo y tierra para que vaya a dar a la cárcel por corrupto.

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