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Desfinanciamiento del Estado

El Presupuesto General de Gastos de la Nación necesita ser sometido a un análisis más concienzudo, atendiendo a las prioridades del país y sin exponerlo a la discrecionalidad; es decir, a la corrupción. En algún momento el presupuesto debería ser objeto de una revisión profunda, porque en el manejo de las finanzas se encuentra el factor principal de la crisis del Estado. Muchas incongruencias: reparto inequitativo sobre la base de criterios políticos, clientelismo, favoritismo, duplicación de gastos, destino sin control y tráfico de influencias, con desfase de los ingresos fiscales y una acumulada deuda, son algunas de las observaciones a vuelo de pájaro. Cada año se hacen cambios a los proyectos de presupuesto, pero son de forma, superficiales y casi siempre de acuerdo con los intereses de sectores, partidos políticos y personas influyentes.

Empecemos por los fideicomisos. Solo los recursos transferidos a los fideicomisos, ascendieron a 42 mil 123.6 millones  al 31 de diciembre de 2012, la mayor parte en seis bancos del sistema. Y aún hay más: se han establecido minifideicomisos de los fideicomisos; todas ellas, estructuras paralelas para la ejecución del gasto público.

Necesita ponerse en revisión una gran cantidad de fideicomisos cuya auditoría es imposible, según lo reconoce la propia Contraloría General de Gastos de la Nación.

En la caja del Estado tampoco se incluyen los fondos privativos que mediante simples escrituras y sin rendir cuentas han establecido las instituciones públicas. Al final, muchos de estos recursos se gastan o invierten discrecionalmente, a veces en bonos, fiestas, regalos o simplemente en ahorros, como lo hace el Congreso de la República. Tal práctica está extendida en la administración pública. Lo mismo hace la Contraloría, el Departamento de Control de Armas y Municiones, el Departamento de Tránsito de la PNC, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones. Por eso muchos servicios públicos se pagan a precio de negocios. Cada día más caros.

En Guatemala hay organizaciones no gubernamentales que reciben más presupuesto que algunos ministerios. Hay ONG con una labor importante, incuestionable, tanto en educación como en salud, pero hay otras de fachada que, disfrazadas de ONG, canalizan fondos del presupuesto a intereses políticos partidarios y a corrupción.  O sea, formas legales de saquear el erario.

En el 2016 se incluyó un aporte de Q1 mil 572 millones para ONG y Organismos Internacionales. En el presupuesto para el próximo año este monto no varió mucho. Habría que evaluar si esta cifra impresionante se traduce en servicios eficientes, cobertura y gratuidad. Aparte, la rendición de cuentas debería ser obligada.

Todo esto, sin tomar en cuenta los situados constitucionales. Resulta sumamente importante la auditoría sobre el deporte, la Universidad de San Carlos, las municipalidades y otros entes descentralizados. Por supuesto, la distribución del presupuesto debe contemplar la transparencia como requisito básico.

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