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Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la Nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza”, dice el artículo constitucional 138.  Con tal motivo puede, en caso de “invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública”, hacer cesar “la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5o., 6o., 9o., 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116”. Ambos listados –el de los casos y el de las garantías— son limitativos; no admiten adición ni ampliación. Al ocurrir cualquiera de dichos casos –continúa diciendo— el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente, por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público, aclarando que “En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad”, lo cual significa que el Decreto que lo declare no será conocido por el Congreso (y podrá ser prorrogado indefinidamente sin control legislativo, valga anotar).

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¿Se puede accionar legalmente para levantar un estado de prevención? Conforme al artículo 138: “Si antes de que venza el plazo señalado, hubieren desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus efectos y para este fin, todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión […] salvo que se hubiere dictado nuevo decreto en igual sentido. […] Desaparecidas las causas que motivaron el decreto a que se refiere este artículo, toda persona tiene derecho a deducir las responsabilidades legales procedentes, por los actos innecesarios y medidas no autorizadas por la Ley de Orden Público”.

En materia de orden público, el artículo constitucional 139 dispone que “Todo lo relativo a esta materia se regula en la Ley Constitucional de Orden Público”.  A este respecto hago notar que esta ley fue dictada a la luz de la Constitución decretada el 15 de septiembre de 1965, ya derogada, motivo por el cual actualmente existen graves falencias que se prestan a peligrosos abusos.

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