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Reforma del poder político

El espacio público se construye con la finalidad de dar respuesta a las aspiraciones, necesidades y proyectos de los ciudadanos en el marco de los derechos más fundamentales que reconoce la humanidad. Pero una vez privatizada la esfera pública, la acción gubernamental se convierte en un espacio que contraviene su propia naturaleza, con consecuencias que hacen imposible hasta las vidas privadas y el propio ejercicio de la libertad.

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De hecho, hemos sido testigos de las terribles consecuencias de sostener un Estado que reconoce como único discurso válido aquel que concentra los beneficios en pocas empresas. Por si fuera poco, las oportunidades que han generado esperanzas para d esplegar nuevas formas de legitimidad democrática, lejos de prosperar se han minado de manera sistemática y eficaz. El fracaso de la transición de los gobiernos electos desde 1986 y luego con la firma de los Acuerdos de Paz solo incrementó las formas de privatización más exacerbadas y la negación para la argumentación y negociación con grupos y pueblos diferentes que tradicionalmente se han visto marginados o mantenidos en condiciones de pobreza e inequidad. En otras palabras, la represión hacia la población se sustituyó por otro régimen para imponer los intereses privados y controlar los poderes del Estado a través del financiamiento y la corrupción de los partidos políticos.

Por ello, la reforma política ha sido una parte fundamental para pensar en la posibilidad de la reconstrucción de un país que ha carecido de visiones de mediano y largo plazo que privilegien las condiciones de desarrollo. Pero pareciera ser que existe una fuerza superior que limita las transformaciones del sistema político, reforzando los esquemas de crisis recurrentes basados en votaciones pero sin auténticas opciones para elegir. Sin transformaciones del poder político que permitan una institucionalidad abierta a la organización ciudadana capaz de negociar y resolver sus problemas en condiciones de igualdad, será inviable imaginar un país diferente. La aparente competencia entre partidos políticos que se resuelve por la vía del voto presupone previamente su propia democratización y la articulación de agendas con vastos sectores de la población, y aun de minorías que podrían verse afectadas en sus derechos más elementales. Sin embargo, las propuestas de reforma a la normativa electoral y de partidos políticos aún no son suficientes y siguen reduciendo el espectro que no recupera los intereses de la mayoría de la población.

La crisis política en que estamos sumidos nos muestra que bajo el mismo régimen institucional, las elecciones, a pesar de ser una condición necesaria de la democracia, no hacen la diferencia. Necesitamos ampliar los mecanismos institucionales de negociación, participación ciudadana y de construcción de opinión pública. Las agendas de desarrollo deben generarse en una dinámica local y nacional, y desde una perspectiva amplia y plural.

La situación presente era más que previsible, pues con la elección del actual gobierno seguimos observando que el Estado cada vez es menos capaz de responder ante el aumento de la pobreza y la miseria. Los desafíos acumulados demandan, además de las reformas que observamos del sector justicia, cambios profundos en las correlaciones de poder, la institucionalidad y el sistema político. De lo contrario seguiremos en la senda de la incertidumbre, que justifica el tutelaje de la nación en la que actualmente vivimos.

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