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Las próximas elecciones

En Guatemala no es difícil predecir los escenarios. La crisis acumulada es tan evidente que no es difícil imaginar a dónde se dirigen los procesos. Pasadas las elecciones del 2011 advertimos que esas serían las últimas elecciones “normales” y que en 2015 tendríamos una crisis de graves consecuencias, debido principalmente a cuatro factores: a) la corrupción desbordada, incluyendo el sistema electoral;  b) la pérdida de credibilidad y la falta de institucionalidad de los partidos políticos; c) las listas cerradas de los candidatos a diputados y d) la reelección ilimitada en los cargos. La mecha sigue prendida porque, excepto la acción anticorrupción del Ministerio Públic, la población no percibe ningún cambio.

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En 2015 por poco no teníamos elecciones. Algunos opinamos en ese entonces que lo mejor era posponerlas. El informe de la CICIG sobre el financiamiento a los partidos políticos revelaba la pudrición de todo el proceso y, según los entendidos, la alteración del calendario electoral se justificaba por la necesidad de preservar la institucionalidad misma; es decir, la transición de dos meses debió ser de dos años.

Hoy persiste la exigencia de reformas profundas al sistema electoral y de partidos, pero sin la presión social del 2015 los cambios están sujetos a la voluntad de un Congreso de la República totalmente desacreditado y fuera de la realidad. El transfuguismo quedó permitido para el año previo a elecciones con el objeto de facilitar el reeleccionismo. Ambas prácticas  corruptas continúan vigentes (en contrario, la Constitución de la República permite regular la reelección). Eso significa no aprobar el voto uninominal, ya que los diputados no desean arriesgar su permanencia en el hemiciclo, que les permite hacer negocios y conseguir plazas en las instituciones públicas. En muy contados casos el servicio al país.

El factor principal de la crisis son los partidos políticos. Ahí nace la corrupción, al ser los partidos simples vehículos (no instituciones) para postular a interesados en intermediaciones de dudosa reputación. Con esos partidos seguimos y con esos partidos llegaremos a las elecciones del 2019. Quizá surjan dos o tres al es estilo de los otros. Partidos con dueños y sin democracia interna. Seguiremos con un sistema electoral basado en la capacidad económica y los financiamientos oscuros. Un Tribunal Supremo Electoral que no fiscaliza la cuota política a los partidos (el pago debería ser entregado inmediatamente después de la convocatoria a elecciones) y que coarta la formación de nuevos partidos.

Algo más: los magistrados del TSE y también del sistema de justicia, actualmente bajo el manipulado sistema de Comisiones de Postulación, deberían ser electos por sorteo entre todos los candidatos que cumplan con los méritos y la trayectoria establecidos. La elección por sorteo es más transparente.

La alternativa sería levantar un proyecto de centroizquierda, audaz e inteligente, con un liderazgo joven, innovador. Pero eso, es tema de otro artículo.

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