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Violencia en cárceles de mujeres

Las cárceles de mujeres Santa Teresa y Centro de Orientación Femenina (COF) no escapan de los mismos males de los penales de hombres: graves deficiencias en servicios públicos, asistenciales y hacinamiento que solo provoca brotes de violencia y vulneración sistemática de derechos humanos.

Además, estas prisiones muchas veces están gobernadas por mafias integradas por las mismas privadas de libertad en complicidad con ciertas autoridades, que abusan, castigan y extorsionan a las reclusas débiles, conceden privilegios a las poderosas, mientras otras sufren grandes carencias.

Ahora me referiré a la realidad en Santa Teresa y al poder de algunas internas. Esta cárcel está dividida en sectores dirigidos por voceras o encargadas, quienes imponen su autoridad a través del miedo, discriminan y extorsionan. Generalmente tienen el control de los distintos negocios: alquileres mesas y sillas, tiendas de consumo, manualidades, tarjetas telefónicas, etcétera. También maltratan y discriminan a las pobres o que no reciben visitas, a quienes despectivamente llaman “rusas”.

Imponen pagos: derecho de ingresar por primera vez a un sector, que pasó de una cuota de Q50 por persona a Q100. Además, exigen el pago ordinario de la talacha y extraordinarios para recaudar fondos para distintos eventos.

Un ejemplo es el cobro impuesto hace unos tres meses para cambiar el cableado eléctrico, al argumentar que el antiguo estaba por colapsar y con el nuevo iban a mejorar el sistema para que cada plancha tuviera su propio foco, debiendo pagar cada reclusa Q50. Sin embargo, el privilegio de tener luz por plancha, si se logra, será para unas personas, no para todas como se prometió.

Estos hechos no son ningún secreto, pero las privadas de libertad no denuncian por temor a represalias, y quienes están en la obligación de intervenir (directoras de esos centros), en lugar de tomar medidas para proteger a las débiles y detener esos abusos, se hacen de la vista gorda o coparticipan.

Condeno estos vejámenes y exijo su pronta investigación, porque vulneran derechos fundamentales y su no averiguación y deducción de responsabilidades propicia la repetición crónica de violaciones a los derechos humanos en las cárceles y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

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