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El trabajador debe ser libre de elegir dónde trabajar, bajo qué condiciones y ganando lo que él acuerde con quien quiera que esté en la capacidad de ofrecerle un empleo productivo y desee hacerlo. El trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de su esfuerzo. Y si fue capaz de ganarlo, es capaz de decidir qué es lo que más le conviene a partir de sus objetivos personales, no la decisión arbitraria de ningún burócrata y menos de los líderes y/o miembros de los grupos de presión que pretenden decidir por el resto.

Sin embargo, en Guatemala lo anterior es prohibido, entre otras normas, por el Decreto 295 del Congreso (Ley Orgánica del Seguro Social), emitido el 30 de octubre de 1946. Según la legislación citada, todos los habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de producción de artículos o servicios, ESTÁN OBLIGADOS ¿a contribuir? (una obvia contradicción) al sostenimiento del régimen de seguridad social.

¿Por qué? Si nuestra Constitución dice clara y explícitamente en los artículos 2 y 4 lo siguiente: “Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral… En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos… Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad”. No obstante, son los mismos gobernantes, apoyados por los grupos de presión ideologizados, quienes violan los derechos de los trabajadores y menoscaban su dignidad. Los desprecian considerándolos incapaces de decidir qué es lo que más les conviene.

El monopolio otorgado desde hace 70 años al IGSS, además de que viola la libertad de los trabajadores, obstaculiza el desarrollo integral de todos aquellos que son obligados a mantener el mencionado elefante blanco, el cual es una de las mejores pruebas del fracaso del Estado Benefactor en nuestro país. Y, a pesar de su deterioro generalizado, lo único que se propone es que los trabajadores puedan elegir invertir para su vejez en el IGSS o en otras entidades privadas, según la conveniencia de quién está generando el dinero, y no basado en la decisión arbitraria de un funcionario público.

El ciudadano, que es el mandante, manda. El ciudadano decide. Las abstracciones no actúan, solo los individuos que conforman los colectivos. Y cada uno es responsable de las decisiones que toma, independientemente de los grupos a los cuales pertenezca o con lo que se identifique. Hoy es más posible que ayer promover una reforma que les devuelva a quienes trabajan por cuenta ajena (o sea, son empleados por otros) la libertad que pocos gozan en Guatemala. Pero para eso deben aclararse las ideas y no dejarse engañar por quienes saben que NO se está proponiendo la privatización del IGSS y aun así mienten descaradamente para engañar a la gente.

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