Home > Columnas > El hacinamiento tiene salida

Una parte de la población carcelaria que sufre hacinamiento ya tiene sentencia, y constituye el 52% del total de internos, todos sujetos al juez de ejecución penal, que en el país somos ocho jueces, distribuidos en la capital y en Quetzaltenango.   

La ejecución de la pena es una competencia compartida: la sanción la impone el Organismo Judicial, pero el Sistema Penitenciario es el responsable de la custodia y seguridad de los reclusos, así como de darles condiciones para su educación y readaptación.  

El juez de ejecución tiene la obligación de ejercer el control legal sobre la administración penitenciaria porque es el encargado de velar por el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. Debe corregir cualquier  desviación y asegurar el cauce de la ejecución de las penas bajo parámetros legales. 

Sin embargo, los jueces de ejecución no podemos decidir la descongestión masiva de las cárceles porque hay una laguna legal. No obstante, el hacinamiento, desde la perspectiva de los Derechos Humanos constituye un trato cruel e inhumano, lo cual lo hace ilegal. La ley solo prevé la orden de libertad cuando se llenan los requisitos de algún beneficio penitenciario.   

Hace meses se convocó a mesas interinstitucionales para buscar soluciones a esa sobrepoblación, pero penosamente todo este tiempo de crisis se ha ido en evaluaciones y salidas inocuas sin dar los resultados requeridos, porque se sigue sobre la base de que las personas salgan a través de beneficios penitenciarios que se trabajan con procedimientos incidentales, pero estos requieren dos meses como mínimo para resolverlos y liberar a una persona.  

Da la impresión de que al hacinamiento no se le da la importancia, cuando debe ser prioridad en la agenda nacional y del Congreso.  Así como con las reformas al Código Procesal Penal, iniciativa 5132, que dispone aprobar la aceptación de cargos para resolver anticipadamente la responsabilidad penal de personas sindicadas, debe aprobarse otra iniciativa que flexibilice el procedimiento en la fase de ejecución, y permita anticipadamente liberar a los sentenciados masivamente.  

En mi columna anterior propuse la creación de lineamientos de calificación con cooperación interinstitucional para proceder a la libertad de los sentenciados, pero ahora reformulo la idea: Debe aprobarse una ley de urgencia nacional que permita en el corto plazo excarcelar a más del 50% de los internos condenados. De nada servirá crear más juzgados de ejecución de la pena y nombrar más jueces, si no tienen herramientas para solucionar de inmediato el hacinamiento. Considero que si se perpetúa esta crisis podríamos ver en breve una exhibición personal colectiva que sin imponer condiciones a los internos, los libere, porque aunque exista una laguna legal para que los jueces de ejecución procedan a la descongestión carcelaria masiva, no eximirá a juez constituido en constitucional resolver una petición bien planteada.  

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