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Desde hace años, lo relacionado con del hacinamiento y malas condiciones de vida de las personas privadas de libertad (PPL) en las cárceles guatemaltecas se ha convertido en tema diario de los medios de comunicación. Ahora, hasta la CICIG y el MP proponen desahogar las cárceles, por lo que jueces y demás operadores de justicia no podemos alegar ignorancia de eso, sino, al contrario, en nuestro trabajo diario debemos promover los derechos humanos.  

En Guatemala hay más de 20 mil PPL, de las que un 48% están en prisión preventiva y el 52% cumple condena. La capacidad de la red carcelaria es de 6,809 plazas, para un excedente de más de 13 mil. Esa sobrepoblación tan crítica no ofrece garantías para que accedan a alimentación, agua, salud, y tampoco gocen de condiciones como  iluminación, ventilación, higiene y espacio. Solo pone en grave peligro la vida de la persona.

  Tampoco hay división de PPL preventivas y condenadas, pues el Sistema Penitenciario (SP), por motivos espurios, se abroga la competencia del traslado o no. La clasificación trata de evitar la mezcla de personas sin sentencia con las ya penadas, o por casos execrables y delitos leves, para impedir que la cárcel sea escuela de crimen que ponga en riesgo la seguridad del penal  y de la sociedad.

La Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024 indica que la crisis del SP es la ausencia de coordinación entre las diferentes instituciones del sector justicia que solo retrasan el diligenciamiento de los procesos penales, lo cual agrava el hacinamiento, así como el incremento de las tasas de encarcelamiento, abuso de prisión preventiva, negar beneficios penitenciarios, escasa aplicación y control de penas no privativas de libertad y poco involucramiento de las instituciones públicas en temas de salud, educación y reintegración social.   

Toca tomar decisiones a la crisis mientras se construye más infraestructura carcelaria. Se debe detener el uso de la prisión como opción contra el crimen, en especial cuando aún no hay sentencia, y usar más las medidas sustitutivas, porque ante la ley esas personas son inocentes.

En la fase de ejecución penal, ante las pocas libertades por beneficios penitenciarios y para reducir la sobrepoblación, se podría liberar masivamente a penados por delitos leves o menos graves, sin esperar la mitad de la pena y sin el rigor procesal. Mediante coordinación interinstitucional, de forma objetiva, definir lineamientos de calificación y estudiar los casos.

La situación del SP es caótica, no se ajusta a estándares internacionales sobre esa materia y solo demuestra que a mayor sobrepoblación reclusa, menor es la calidad de vida y de derechos fundamentales de las PPL. Urge tomar medidas severas para que cese la violación de derechos humanos, para que no continúen los motivos para que el Estado de Guatemala sea denunciado internacionalmente.

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