Home > Columnas > “A ver para cuándo”

¿Por qué es difícil planear en el ejercicio de  la función pública?  Porque, en la actualidad, se espera que los diseñadores de la política pública actúen bajo el nuevo dogma de ´los insumos disponibles determinan las metas políticas y no al revés´. La comprensión de este principio es fundamental, porque, si es aceptado como práctica valorativa en los nichos de la administración pública, entonces el Estado se orienta a operar en una forma en la que el uso racional de los recursos orienta el discurso político. Pero en los contextos donde la administración pública está politizada esto resulta muy difícil. Los actores políticos funcionan con base en las metas de discurso y chasquean los dedos esperando que la cobertura completa en los proyectos suceda sin reparar, en la cantidad de insumos, la capacidad de gasto y las prácticas de gestión.

En esencia, un Estado está limitado por la capacidad que tiene para recaudar; por ahí hay que empezar. Desde hace buen tiempo, la mayoría de los economistas acepta que hay Estados que son estructuralmente débiles en su capacidad fiscal, lo cual quiere decir que incluso sin importar la cantidad de insumos disponibles, son incapaces de captar lo que necesitan. Si a eso se agregan las malas prácticas en el gasto, la falta de candados, y si encima de todo los presupuestos no están basados mayoritariamente en carga fiscal, sino en préstamos a futuros,  aquí tenemos la receta para tercer mundo.

¿Existen las condiciones para implementar una nueva reforma fiscal-tributaria en Guatemala?

Se podría pensar que a raíz de los nuevos esfuerzos en la SAT para recuperar montos de tributación y que a raíz de los últimos casos de grandes empresas que han sido ajustadas, se da el inicio de una nueva cultura en la ejecución fiscal. Pero también podría pensarse que el aumento nominal de los impuestos le permite al Estado acceder a financiamiento proveniente de agencias de crédito internacional. Esto es bastante lógico, considerando que el Estado de Guatemala tiene la práctica habitual de planear estratégicamente sobre la base de préstamos. Y en la ejecución, se sigue actuando sin tener claro cuál es a final de cuentas el indicador de gasto transparente.  Solo por poner un caso específico: si antes de la nueva reforma fiscal-tributaria no hay una derogación de la Ley de Compras y Contrataciones (llamada Ley Dorival) el esfuerzo es inútil.

Esto no quiere decir que, en efecto, no sea necesario dotar de mayor cantidad de recursos al Estado. Las cifras en comparado ponen a Guatemala y a la región del Triángulo Norte en vergüenza total. La carga fiscal es baja, se recauda poco, y se gasta mal. En ese esfuerzo por dotar de mayores recursos al Estado es donde la cultura republicana se expresa. No se puede seguir bajo el esquema de cargar el sostenimiento del país en ese 1.3 millones de personas que pagan ISR (ante la carencia de un censo actualizado, las cifras son solo estimaciones).

Hay un esfuerzo necesario por introducir a pequeños actores a la formalidad (la informalidad en la población económicamente activa es superior al 80%), pero también es necesario que el gran capital haga su parte. Los últimos casos de grandes empresas que fueron intervenidas en razón de adeudar al fisco demuestran que cierto perfil empresarial prefiere pagar las multas a pagar impuestos. Y el argumento proveniente del sector empresarial en términos de negociar con la SAT y detener el régimen de terror permite argumentar que en efecto no todos están cumpliendo con su parte.

Es un carril de dos vías: el compromiso ciudadano con su contribución más importante de pagar lo que le corresponde, pero, la del Estado, de gastar con transparencia. A ver para cuándo.

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