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MP y CICIG respaldan iniciativa para reducción de penas

Jefes de ambas entidades presentaron motivos a diputados.

La jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, acudieron ayer al Congreso para impulsar reformas al Código Procesal Penal, con el fin de reducir penas a quienes se declaren culpables y así agilizar la administración de justicia.

La iniciativa indica que si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en la mitad. Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta que se emita resolución, tendrá derecho a que le rebajen las penas en una tercera parte.

Si lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que le rebajen las penas en una quinta parte.

Velásquez  dijo que “la justicia en Guatemala está congestionada” y que realmente esto no es nada nuevo, pues  en otros países se aplica y puede ayudar con la erradicación de la impunidad.

Aldana indicó que es importante tomar el tiempo suficiente para analizar, socializar e investigar sobre la propuesta, ya que al final pretende  premiar a quienes reconozcan sus culpas sobre los hechos que se les imputan.

Justicia premial

En un comunicado, la CICIG y el MP afirman que dentro del proceso penal guatemalteco no se contemplan suficientes fórmulas consensuadas que simplifiquen el procesamiento penal para todos los delitos y existen carencias en cuanto a la aplicación de la justicia, que afectan negativamente la eficiencia del sistema.

“El proyecto de ley pretende descongestionar el sistema de justicia, al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos, adoptando la tendencia global de la aceptación de cargos que ha demostrado su utilidad y eficiencia en Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, etcétera, para cumplir con el propósito de resolver de la mejor manera los conflictos jurídico-penales”, afirmó.

“Ningún sistema procesal del mundo es sostenible si no adopta mecanismos alternativos al procedimiento común para resolver los casos”, agregó.

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Ventajas

Ambas entidades aseguran que las reformas permitirían una mejor respuesta del sistema de justicia penal en el control de la criminalidad, en la medida que eleva los niveles de eficiencia, al posibilitar resolver con prontitud un mayor número de casos, incluyendo los de gran complejidad; y aplicar mayores recursos al procesamiento lineal de las causas difíciles, lo que en ambos casos abona a  la reducción de los niveles de impunidad generada dentro del sistema.

También que contribuiría como medida efectiva para el deshacinamiento del sistema penitenciario, tomando en consideración que el mayor porcentaje de la población privada de libertad, es la que se encuentra en prisión preventiva, a la espera de solventar su situación jurídica.

“Este proyecto de ley constituye un llamado a la reflexión para que se asuma con seriedad el problema de saturación de los sistemas de justicia y penitenciario, que de la manera como se desarrollan en la actualidad, inevitablemente, en poco tiempo llegarían al colapso”, según el MP y la CICIG.

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