Home > Columnas > Comercio ilegal de datos

El habeas data es el derecho de control que tenemos sobre los datos personales recogidos en ficheros o bases de datos automatizadas o no. Esto tiene su origen en el desarrollo de la informática, al ser posible el almacenamiento masivo de datos. Con esa libre circulación se torna más peligroso el derecho a la intimidad personal, y para evitar ese fácil tráfico se requirió de una protección reforzada con leyes administrativas y penales.

Guatemala posee una protección en la Ley de Acceso a la Información Pública que tiene como base el artículo 31 de la Constitución, que determina: “Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos”.

Sin embargo, esta garantía es susceptible de ser lesionada, como en la infracción en libros de procesos en juzgados del país que no se resguardan sino que están expuestos a todo el público, a pesar de contener datos personales sensibles.

Esos datos han sido sustraídos y comercializados por años por empresas como Infornet, DigiData y TransUnion, que los recopilan de los libros de procesos de los Juzgados para venderlos, pese a que la Corte de Constitucionalidad en el expediente 3552-2014 lo prohibió al acoger un amparo del Procurador de los Derechos Humanos.

Esta violación también la vemos en dependencias como la Unidad de Antecedentes Penales, no obstante que los datos se le trasladan en garantía de confidencialidad y para uso exclusivo del Organismo Judicial, pero no ha reformado su política de vender la carencia de antecedentes al interesado, familiares y  empresas.

Ahora se propone reformar el artículo 64 de la Ley de Acceso a la Información, norma a través de la cual se castiga con prisión de cinco a ocho años y multa de Q50 mil a Q100 mil a quien comercialice o distribuya datos personales.

Se pretende sancionar la compilación y sistematización de datos; guardarlos en archivos o bases de datos escritos, digitales o de cualquier forma. Sancionar a quien suministre la información y la pena sería aumentada en una tercera parte si no hay autorización, se comercialice y se obtenga beneficio económico.

Considero que la reforma también debería abarcar el artículo 9.4 de la Ley o bien ampliar la reforma al ya propuesto, toda vez que, aunque parezca inaudito, ninguno de esos artículos prohíbe el uso posterior de datos al sector privado, solo al sector público.

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