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Continúa pulso entre el Legislativo y su sindicato

Denuncias, despidos, marchas y acciones legales ocurren a diario en el Congreso de la República.

El pulso entre la Junta Directiva del Congreso de la República y el sindicato de trabajadores, continúa cada día y es una confrontación que viene desde febrero, acompañada por las protestas de grupos de empleados gubernamentales que también exigen prebendas.

Desde que tomó posesión la octava legislatura del Congreso en enero de este año, con el diputado Mario Taracena presidiendo ese organismo, la situación se puso tensa, pues su primera acción de impacto fue dar a conocer la nómina de trabajadores legislativos y los escandalosos sueldos que devengan, aparte de denunciar la existencia de cientos de plazas fantasmas, ocupadas en muchos casos por familiares y amigos de los mismos legisladores.

Tras el escándalo, los sindicatos del Congreso salieron a manifestar en defensa de sus afiliados y de sus “derechos adquiridos”, lo que les ha servido de poco, luego de descubrirse anomalías en la concesión de beneficios económicos garantizados en pactos colectivos considerados leoninos e ilegales (como el aumento anual de 10% sobre sueldo cobrado, en lugar de sueldo base).

Además, hay denuncias de que muchos trabajadores que devengan sueldos irreales, en realidad tienen que entregar la mayor parte de esos emolumentos a los diputados que gestionaron su contratación.  Eso ha llevado a varios de ellos a enfrentar la posibilidad de despojarles del derecho de antejuicio.

Luego, el Pleno aprobó reformas a la Ley de Servicio Civil del organismo en mención, lo que permitió la depuración de trabajadores con sueldos mayores a los de un diputado, así como de aquellos que tienen relación de parentesco con alguno de estos.  El primer despedido con orden judicial fue el joven sindicalista Michael Vásquez, un conserje con sueldo cercano a los Q20 mil, quien coincidentemente, dio a conocer lo de las comisiones para sus contratantes.

Manifestaciones, plantones, protestas, comunicados y acciones de amparo no se han hecho esperar, a pesar de la invitación de un jugoso retiro voluntario que, de todas maneras, los empleados no quieren aceptar.  Ante esto, la decisión de la junta directiva continúa firme y dice que aunque no quieran, tendrán que salir.

A manera de apoyo, aunque sin decirlo abiertamente, en un mes también se han llevado a cabo por lo menos 4 marchas de supuestos campesinos, representantes de los sindicatos de Salud Pública y del Magisterio nacional, demandando el cumplimiento de condiciones de trabajo favorables, pagos de bonos y sueldos atrasados, aunque las autoridades dicen que los retrasos son mínimos.

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Enfrentamiento verbal

Alfredo Tumax, presidente del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor) dijo que “de la junta directiva sabemos que no podemos esperar nada, pero de los órganos jurisdiccionales confiamos en que haya respeto y debido proceso; sabemos que el estado de derecho debe imperar sin que tenga interferencia el poder del Estado, aunque eso se ha manifestado evidentemente, al elegir autoridades dentro de otras instituciones (en referencia al ministerio de Salud Pública).

Aseguró que los legisladores están en su derecho de responder a las inconformidades que han presentado en los órganos competentes y citó como ejemplo que ayer presentaron una acción penal en la Fiscalía de la Mujer en el Ministerio Público, debido a que a las trabajadoras de Palacio Legislativo les están aplicando violencia económica, psicológica, abuso de autoridad y retención indebida de salario.

También presentaron una inconstitucionalidad contra de la ley de Servicio Civil del Congreso, aprobada este año, lo que derogó la anterior y el viernes también presentaron un amparo ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por “bulling laboral”, abuso de autoridad y arbitrariedades en contra de los trabajadores del Legislativo.

Tumax informó que el sindicato,fundado en 1993, está formado por 1,200 trabajadores entre secretarias, asistentes, pilotos, conserjes, técnicos parlamentarios y guardias y que los sueldos van de Q5 mil hasta Q30 mil.

Aseguró que frecuentemente se han reunido con un grupo de abogados, quienes los asesoran para evitar que se sigan “retorciendo” las normas que desde años anteriores han estado vigentes.

Por su parte, Mario Taracena aseguró que él está en la vía correcta y hasta ahora, el sindicato está actuando como debe de ser, por la vía legal “y no insultando en los corredores como lo han hecho otras veces”.

“Yo tratando de hacer cumplir la ley y ellos en los tribunales viendo que se les haga justicia, pero  lo que ellos creen que es injusto, para mí es justo porque estamos respetando lo que la ley dice”, manifestó el parlamentario, quien además indicó que ahora tiene que ver cómo se defiende de cinco procesos que ya existen en su contra.

“Yo seguiré trabajando apegado a la ley y haciendo que se respete y que se cumpla aunque les duela. Mientras yo sea presidente que es hasta el 14 a las 14, voy a luchar para que se respete el imperio de la ley”.

En cuanto al parentesco dentro de este órgano, desde empleados hasta diputados, así como al salario que no debe ser mayor al de ellos, manifestó ser falso que él haya efectuado contrataciones fuera de lo establecido en la ley orgánica.

“Como diputado tengo derecho a tres contrataciones y como presidente, a mis cinco asesores”, afirmó.

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