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Revocan medidas sustitutivas a Bufete de la Impunidad

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal dejó ayer sin efecto las medidas sustitutivas a favor de sindicados de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso “bufete de la impunidad”, una red de tráfico de influencias, por lo cual cobraban comisiones.

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Se trata de Ruth Emilza Higueros Alay, Francisco Javier Ortiz Arriaga y Miguel Ángel Lemus Aldana (en prisión por caso La Línea), Luis Fernando Zapata Mendoza, Jorge Luis Escobar Gómez, José Luis Montenegro Santos y José Arturo Morales Rodríguez.

Por este caso están ligadas a proceso diez personas, entre ellas, la jueza Marta Sierra de Stalling, y uno de los señalados es Luis Mendizábal, presunto cabecilla de la red, prófugo desde 2015.

El fallo de la Sala se deriva de la apelación que presentaron  el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra la resolución del juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto Morataya, quien el pasado 9 de junio otorgó arresto domiciliario y arraigo a los sindicados, quienes guardaban prisión preventiva desde mayo de 2015.

Los magistrados argumentaron en su resolución que haber presentado las conclusiones de la investigación, no significaba que ya no existiera el peligro de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad y por el contrario, estos riesgos podrían aumentar.

u La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal dejó ayer sin efecto las medidas sustitutivas a favor de sindicados de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso “bufete de la impunidad”, una red de tráfico de influencias, por lo cual cobraban comisiones.

Se trata de Ruth Emilza Higueros Alay, Francisco Javier Ortiz Arriaga y Miguel Ángel Lemus Aldana (en prisión por caso La Línea), Luis Fernando Zapata Mendoza, Jorge Luis Escobar Gómez, José Luis Montenegro Santos y José Arturo Morales Rodríguez.

Por este caso están ligadas a proceso diez personas, entre ellas, la jueza Marta Sierra de Stalling, y uno de los señalados es Luis Mendizábal, presunto cabecilla de la red, prófugo desde 2015.

El fallo de la Sala se deriva de la apelación que presentaron  el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra la resolución del juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto Morataya, quien el pasado 9 de junio otorgó arresto domiciliario y arraigo a los sindicados, quienes guardaban prisión preventiva desde mayo de 2015.

Los magistrados argumentaron en su resolución que haber presentado las conclusiones de la investigación, no significaba que ya no existiera el peligro de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad y por el contrario, estos riesgos podrían aumentar.

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