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En deuda con el pueblo q’anjob’al

Es generalizada la aceptación del papel del Ministerio Público, de la fiscal general Thelma Aldana y su equipo, en particular frente a los complejos procesos que se han ventilado contra exfuncionarios públicos y empresarios. En este asunto ha sido invaluable el aporte de la CICIG, del señor Iván Velásquez y su equipo.

Se evidencian avances en el fortalecimiento de determinadas áreas del MP; sin embargo, hay otras que se constituyen en desafío para la actual fiscal general, a la mitad de su período al frente de la entidad. El entramado institucional y múltiples vericuetos aún existentes, seguramente posibilitan actos cuestionables a su interior y con la vorágine de acontecimientos del último año, se han postergado las posibilidades de responder a múltiples retos que, según expertos, le tocarían a la fiscal general Aldana desde un inicio, como combatir la corrupción y desarticular las estructuras de impunidad en el MP, fortalecer lo administrativo y la investigación, corregir el uso abusivo de ciertos recursos, entre otros.

Al más alto nivel, el MP debe poner atención a lo que sucede con parte de su actividad interna y su personal, pues fuera de la eventual existencia de anomalías, prevalece una concepción rígida, intolerante y antidemocrática de los procesos sociales conflictivos, de resistencia y protesta popular y se aplica una respuesta coercitiva hacia la acción colectiva.

Lo anterior viene a cuenta por la grave injusticia cometida en contra de siete autoridades y dirigentes comunitarios y ancestrales del pueblo q’anjob’al que fueron privados de libertad durante un largo período de tiempo, por la imputación de delitos que, al final de cuentas, no pudieron comprobarse. Se evidenció en el proceso, que los acusados no cometieron ilegalidad alguna y, una a una, las acusaciones cayeron. El tribunal absolvió a los imputados y ordenó su inmediata libertad el 22 de julio. Subyace en la resolución emitida, que se criminalizó la protesta q’anjob’al en Santa Cruz Barillas y se pisotearon principios básicos de cualquier democracia.

El caso refleja malicia en la detención y en el encausamiento judicial y deja entrever que los delitos fueron parte de una trama inventada para castigar la oposición social en ese  municipio de Huehuetenango. Los fiscales a cargo pretendieron juzgar como delito la defensa social de la naturaleza y del territorio, pero sus argumentos y medios de prueba fueron insostenibles. Pusieron de manifiesto una defensa oficiosa de los intereses de la empresa que construyó un embalse para la producción de energía hidroeléctrica en el lugar. Esto último, precisamente, fue lo que desencadenó el conflicto.

La fiscal general debe ejercer control y erradicar esas prácticas, que bien pueden ser instrumentales para mostrar eficacia institucional en el MP, que pueden vincularse a conductas serviles de oficio, o bien actos de corrupción de algunos funcionarios. Como sea, el MP tiene una deuda moral con el pueblo q’anjob’al.

Se criminalizó la protesta q’anjob’al en Santa Cruz Barillas y se pisotearon principios básicos de cualquier democracia.

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