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¿Avanzamos por la vía correcta en educación? (2)

Las reformas educativas impulsadas a partir de los Acuerdos de Paz pueden comprenderse por las acciones que se han puesto en marcha durante las últimas dos décadas. Las políticas han tenido diferente grado de prioridad en correlación a los pesos políticos de las diferentes administraciones y las alianzas de grupos que influyen de manera directa en el sector. Las principales acciones se han focalizado en la “universalización de la escuela primaria”. Bajo la fuerte influencia de los organismos financieros internacionales, se sustituyó el supuesto que imperó en la orientación del trabajo de la época 1987-1991 que integraba el conjunto cobertura-calidad educativa. En su lugar, la nueva dinámica era priorizar la incorporación de la niñez en edad escolar a la primaria y, posteriormente, abordar el tema de calidad.

La política prioritaria que se sostuvo a lo largo de las administraciones fue el impulso del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (Pronade). Esta medida se introdujo a Guatemala desde 1992 proveniente de El Salvador y fue expandida posteriormente a Honduras. El Pronade se fortaleció durante las administraciones de 1996 a 2007. En términos del impacto, en la cobertura no se observó un cambio significativo, pues las tasas netas de cobertura mostraron un crecimiento natural. El programa modificaba las condiciones de operación, en el espíritu de disminuir el Estado, se organizaba la provisión de servicios a través de ONG sin que las Direcciones Departamentales de Educación o las municipalidades tuvieran una responsabilidad rectora. El Pronade preveía un período de tiempo relativamente corto para que los comités de padres se autogestionaran, pero la realidad fue otra. Después de 15 años el Estado seguía pagando los servicios a las ONG, sin que existiera la institucionalidad necesaria para transferir las responsabilidades como había sido previsto.

Los padres de familia jugaban un rol clave en la administración de la escuela, particularmente en la supervisión de los maestros. A este respecto, se observó positivamente que se cumplía con los días de clase programados, aunque estudios en 1998 mostraban que el rendimiento académico en lectura y matemáticas era significativamente inferior con relación al resto de las escuelas públicas. En el año 1999 el sistema educativo observó uno de los mayores incrementos de inscripción inicial, aumentando 4 puntos porcentuales; pero infortunadamente también se incrementó la deserción en cuatro puntos. En otras palabras, el incremento del porcentaje de niños que ingresaron a la primaria en enero, ya en septiembre del mismo año se había desvanecido. Durante el período 2000 a 2007 el incremento de la tasa de cobertura neta fue del 85% al 95% de atención, un promedio de crecimiento anual del 1.25%.

Luego de sostener la prioridad de este programa, con mayor fuerza durante 12 años, los aprendizajes fueron que la reforma del sistema educativo era algo más que concentrarse en medidas administrativas y era insostenible el proceso constante de debilitamiento del Estado. Las reformas administrativas deben estar al servicio de la formación de seres humanos y no al revés, pues este tipo de reformas fragmentarias afectó de manera negativa los procesos de interrelación entre la comunidad escolar y, sobre todo, la calidad de los aprendizajes. Esto trajo como consecuencia otro tipo de modelo que analizaremos en el próximo artículo.

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