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Juez Gálvez, de nuevo suspende audiencia

Tras nueve horas de argumentos, decidió que hoy dictará la resolución.

A las 18:00 horas de ayer, el juez Miguel Ángel Gálvez aplazó la audiencia del caso Cooptación del Estado para hoy a las 9 de la mañana, tras una maratónica exposición, al indicar que le llevaría mucho tiempo exponer una explicación que le pidió el Ministerio Público (MP) e indicarle a cada uno de los sindicados y sus abogados cuál es la decisión sobre todos ellos.

De hecho, lo que todos los acusados esperaban era el momento en que leyera su resolución, indicando quiénes quedan ligados a proceso penal.  Ante esto, muchas personas en la sala de vistas de la corte Suprema de Justicia se molestaron y otras se preguntaban por qué no había suspendido más temprano, si de todas maneras lo iba a hacer.

El juez indicó que “yo soy un juez independiente y resolveré de manera trasparente y sin presión de nadie, de ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ni de algún organismo internacional que me presione, porque doy la cara a cualquiera”.

Gálvez ocupó los últimos días para argumentar sobre los indicios que sugieren que una estructura, liderada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se organizó para alcanzar la presidencia y saquear al Estado.  Además, desde el pasado jueves anunció que no se admitiría el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario de la exvicepresidenta y actual “colaborador eficaz” y, por el contrario, su resolución se apoyaría en documentos e informes.

 

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Contratos en Santo Tomás

En su larga exposición, dijo que solo en el puerto Santo Tomás de Castilla en el mandato  de Pérez Molina se otorgaron  20 concesiones y por cada contrato, los integrantes de la red criminal recibían el 10 por ciento de la comisión, y el 60 por ciento  se los repartían Pérez y Baldetti.

El juez aseguró que en algunos casos existen facturas, a las que se les incluyeron las comisiones que se entregaron por los contratos y fueron registradas en las empresas de Monzón.

También recomendó a los abogados defensores que al dictar su resolución, investiguen esos dispositivos  los que están en poder del  MP y le han  presentado con evidencia porque allí hay “grandes cantidades” de pruebas y que corresponde al MP investigar a las juntas licitadoras que aprobaron los contratos a empresarios.

Otro de los aspectos que Gálvez destacó y por lo cual su discurso duró varias horas más de lo previsto fueron las solicitudes de los abogados defensores, quienes invariablemente pidieron falta de mérito para las acusaciones de sus defendidos.

Pero la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, había presentado pruebas y detalles como algunas “tablas de pago” que los contratistas del Estado les daban a integrantes de la organización criminal, en las que se explicaba cómo ellos se distribuían el dinero.

Y recalcó que el número “1” era el expresidente Otto Pérez Molina en la estructura y la número “2”, la exvicemandataria Roxanna Baldetti y que  Juan Carlos Monzón era quien dirigía la estructura aparte de fungir como el enlace para recaudar el dinero en efectivo.

“Todo está ahí; no hay pierde”, fue una de las frases más comunes del juzgador al momento de revisar cada expediente.

 

Quieren medidas sustitutivas

Al momento que el juez Miguel Ángel Gálvez decidió posponer la audiencia de primera declaración, el expresidente Otto Pérez Molina quiso dar declaraciones por la decisión tomada al indicar “ya que se va extender para mañana su resolución, espero que esta noche analice bien todo lo expuesto por los abogados defensores y valore los argumentos, y que eso permita que tome la decisión correcta”.

Según el exmandatario, hay muchas personas que no tienen que quedar ligadas a proceso y espera que les otorgue medida sustitutiva a la mayoría.

Gálvez aclaró que para dar una resolución judicial. se basará en los hechos, indicios racionales y no por el clamor popular e indicó que nunca quedará bien con nadie:  ni con los acusados, ni con los abogados y mucho menos con la sociedad civil , pues su veredicto estará apegado a la ley.

Para el día de hoy se espera que el juzgado B de mayor riego, dé su veredicto consistente en ligar a proceso penal a los 57 implicados en el caso de defraudación al Estado  más grande que se haya visto en el país.

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