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Juez Gálvez desvincula a Siglo.21 de Roxana Baldetti y Pérez Molina

 

Contrato de compraventa fue rescindido porque nunca ingresó el dinero.

El juez Miguel Ángel Gálvez confirmó el pasado 25 de julio que la intención del exbinomio presidencial Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina de tomar el control de diario Siglo.21, se vio frustrada debido a que las empresas que hicieron la negociación nunca cumplieron con el pago del 51% de las acciones de Corporación de Noticias, S. A., por lo cual se rescindió el contrato de compraventa

Lo anterior fue aclarado en la audiencia de ese día en el caso Cooptación del Estado por el juzgador, quien preside la judicatura de Mayor Riesgo B, como parte de su argumentación previa a dar a conocer si ligará a proceso a 57 acusados de saquear al Estado de Guatemala, entre los que se incluyen a Pérez Molina y Baldetti, junto a exfuncionarios y algunos empresarios.

El juez detalló que con el supuesto fin de comprar las acciones de Corporación de Noticias, las empresas Arrendamientos, Servicios y Proyectos S. A, así como Marbella, S.A., creadas a principios de 2012, gestionaron dos préstamos en Banrural por Q4 millones cada uno. Sin embargo, ambas empresas incumplieron con el pago, por ello se firmó un contrato de rescisión por incumplimiento de acciones.

Con dicho acto, quedó aclarado que Corporación de Noticias, casa matriz de los diarios Siglo.21 y Al Día, está completamente desligada de los exmandatarios Baldetti y Pérez Molina, porque no cumplieron con el desafortunado contrato de compraventa.

Continúa audiencia

Durante la jornada número 25 de la audiencia efectuada ayer en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el juez Gálvez, al exponer sus argumentos, dijo: “Es evidente que hay indicios de delitos de asociación ilícita y de lavado de dinero”, en alusión al caso denominado La Cooperacha.

Explicó que en las evidencias presentadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) durante la primera fase de investigación por el caso denominado Cooptación del Estado existe una relación entre los imputados.

Se refirió a los testimonios de Víctor Hugo Hernández, contador de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, los cuales, dijo, dan fe de cómo se crearon las sociedades anónimas para recibir las comisiones de los contratos públicos otorgados a empresarios.

“Es evidente que hubo una planificación para crear estas sociedades” y la estrategia estuvo a cargo del banquero Julio Aldana, argumentó.

El togado también mencionó en su análisis la compra de un avión, un helicóptero y un vehículo Jaguar como regalos para Pérez Molina, y un 15% de las comisiones que recibía parte de la estructura por volar en una línea aérea guatemalteca.

Asimismo, indicó que parte de las evidencias están en un documento entregado por Hernádez y en otras pruebas decomisadas a Monzón, colaborador eficaz de la Fiscalía en este caso, aunque su testimonio no es considerado por el juzgador para emitir su resolución.

En una parte de su exposición preguntó: “Será que  Juan Carlos Monzón pudo haber hecho solo todo esto?” , asimismo: “¿Crear sociedades será ejercer el notariado?”

El juez volvió a hacer referencia sobre reuniones que el jefe de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos, sostuvo en las oficinas de Juan Carlos Monzón, aunque el contralor negó que haya tenido vínculos con el exsecretario privado de Baldetti. También expuso cómo un testigo le describió cuando Jonathan Chévez llegó a un hangar para poner una moña, chocolates y vinos dentro del helicóptero que los sindicados de participar en La Cooperacha le regalaron al expresidente Pérez Molina.

También aseguró que hay coherencia entre lo que se les está imputando a las 57 personas porque “existía una planificación para cometer los hechos”.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura supuestamente liderada por Pérez Molina y Baldetti, buscaban gente necesitada de dinero y vulnerable para que fueran representantes legales de las sociedades anónimas y de empresas creadas a cambio de un pago mensual de mil quetzales.

Pese a los indicios, el juez no dio a conocer ayer su resolución y dijo que la daría  en la audiencia de hoy que comenzará a las 9:00 horas. No obstante, dejó entrever que hay suficientes indicios como para procesar a los 57 acusados de despojar las arcas del Estado entre 2012-2015.

La estructura criminal está acusada, en principio, de haber saqueado al Estado de Guatemala más de Q500 millones por medio del cobro de comisiones por al menos 450 contratos otorgados a empresarios y financistas.

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