El Siglo

APM Acepta condiciones de interventor

Gobierno ve con buenos ojos las negociaciones.

 APM Terminals, del Grupo Maersk, aceptó la propuesta presentada por Alexander Aizenstatd, interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), de anular el contrato de usufructo y hacer uno nuevo, siendo este de concesión.

Aparte del cambio de los contratos, la empresa asumirá la reparación civil, de US $43.2 millones (Q327.8 millones), la cual deberá ser analizada por la Procuraduría General de la Nación y aprobada por el Congreso de la República, según condicionó Aizenstatd.

SusanneMarston, vicepresidenta de APM Terminals, aseguró que tuvieron pláticas con la junta directiva sobre la propuesta y que fueron informados sobre los antecedentes y sobre todo lo que había sucedido hasta el momento. “La discusión se enfocó en las demandas presentadas por el señor Aizenstatd, para poder hacer una propuesta por el bienestar de Guatemala”, dijo Marston.

La ejecutiva empresarial manifestó que esperan que los términos de la propuesta sean presentados por las autoridades gubernamentales, para así “alcanzar un acuerdo para comenzar a operar esta necesaria y moderna terminal”.

El presidente Jimmy Morales señaló que ve con buenos ojos ese avance que se plantea. Una intención de APM que pueda darse de esta manera “refleja la buena voluntad que hay en ambas partes”, advirtió.

Además, hizo saber que su petición hacia los involucrados es que se respete la persecución penal contra las personas que han participado en actos de corrupción, si no se hiciera esta “automáticamente el Estado de Guatemala no podría aceptar las condiciones”.

Asimismo, refirió que se debe buscar una forma legal, por lo que, según el mandatario, ello le corresponde al Congreso de la República para que la Terminal de Contenedores Quetzal pueda funcionar sin quebrantamiento de la ley, “eso es lo que le conviene a Guatemala a todas luces”.

Adicionalmente, dijo que esto no significa perdonar la corrupción, sino perseguirla a toda costa buscando un acuerdo entre las partes, incluyendo un tema legal que debe ser estudiado y aprobado por el Legislativo y ratificado por el presidente de la República.

“La instrucciones nunca han sido negociables, esa fue la instrucción que di a PGN en el mismo instante que encontramos esta problemática, nosotros vamos a luchar siempre por los intereses del país”, enfatizó el mandatario.

En cuanto al planteamiento de la nulidad del contrato, aseguró que eso lo tendrán que ver las personas correspondientes. “Respetamos la institucionalidad, es la PGN, luchando con todo el respaldo de la presidencia, para que Guatemala pueda hacer uso de todos sus bienes”.

Por su parte, Annabella Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) manifestó que el 22 de julio recibieron la aceptación de la propuesta del interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la cual deberá ser analizada por esta entidad, por lo que argumentó que “no es procedente una recisión del contrato”.

Esto por haber transcurrido más de un año y por existir un proceso legal para anular este documento, el cual debería resolverse antes de hacer uno nuevo, señaló Morfín.

En cuanto a la disposición de pagar la reparación civil “tendrá que considerarse si es una reparación en términos que la acepta el Estado”. Además, que esta empresa ha manifestado que ha presentado información útil dentro del proceso legal que se efectúa en el Juzgado de Mayor Riesgo C, en el Organismo Judicial (OJ).

Morfín aseguró que hubo una comunicación con la representante de APM en la que se le ofrecieron detalles sobre cómo se llevó a cabo la adquisición  de la Termina de Contenedores Quetzal (TCQ). En esa oportunidad se conversó sobre las circunstancias que hay alrededor del caso y todo con el previo conocimiento de Alexander Aizenstatd.

Para que todo esté claro, y tomando en cuenta el interés que el Estado de Guatemala tiene en esta terminal, se solicitó al viceministerio de puertos y aeropuertos para establecer desde el punto de vista del Estado, la situación que prevalece en el puerto y la necesidad que hay en este.

“Hay un riego bastante grande en cuanto al puerto Quetzal, pues está funcionando con niveles de azolvamiento que ya no permite que naves grandes ingresen”, explicó la Procuradora, al tiempo de agregar que desde que fue construido no se le ha dado mantenimiento “eso hace que en un momento dado, esa terminal deje de funcionar en términos de deficiencia”.

La Procuradora solicitó al Ministro de Finanzas Públicas un análisis del impacto financiero que pudiera tenerse de no operar este puerto, no solo para Guatemala, sino el que tendría el país si tuviera una demanda internacional. Se trata de “hacer todas las evaluaciones de manera integral, para determinar la pertinencia de esta propuesta”.

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