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El gobierno interino de Brasil confirmó que prepara un proyecto de ley que apuntará a flexibilizar las leyes laborales, aunque aclaró que ello no supondrá “revocar” los derechos de los trabajadores.

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“Construiremos un formato que le dé prioridad a la negociación y a las convenciones colectivas y trate de cuestiones como el salario y la jornada laboral”, indicó en una rueda de prensa el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira.

La propuesta será remitida a las cámaras legislativas antes de fin de año, por lo que todo dependerá del proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, separada de sus funciones desde el 12 de mayo pasado y sustituida interinamente por Michel Temer.

Posible destitución

El juicio político contra Rousseff concluirá a finales de agosto y, en caso de su definitiva sustitución, Temer completará el mandato que concluye el 1 de enero de 2019.

Sin embargo, si Rousseff fuera absuelta, recuperará el poder una vez que se publique la sentencia, por lo que la propuesta de reforma laboral puede quedar archivada.

Nogueira explicó que, al margen de esa posibilidad, el gobierno de Temer continuará “trabajando” en la elaboración de las reformas “necesarias” para el país, que serán presentadas en caso de que se confirme la destitución de la mandataria.

Según el ministro, esa propuesta de reforma laboral será discutida con los sindicatos y no alterará nada en relación con los aguinaldos, las vacaciones o cuestiones relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores.

Nogueira admitió que pueden llegar a ser discutidos ciertos pisos salariales y también la duración de la jornada, que en Brasil hoy es de 44 horas semanales, aunque los sindicatos presionan para reducirla a 40 horas, mientras los empresarios pretenden aumentarla o, por lo menos, flexibilizarla.

Tercerización

Crear empresas

El ministro señaló que también puede ser propuesta alguna alteración a un proyecto de ley que tramita en el Congreso y plantea la regularización del trabajo “tercerizado”.

Ese proyecto llevaría a que ciertos trabajadores puedan o sean obligados a establecerse como personas jurídicas, con lo cual serían responsables de sus aportaciones sociales y otras obligaciones que ahora recaen en las empresas.

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