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Entrevista: Ronald Arango Ordóñez “Hay desigualdad en el sistema judicial”

Danilo Santos / Erivan Campos

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Siglo.21

¿Qué se ha hecho durante su presidencia, en estos primeros seis meses?

Cuando tomé posesión, la comisión se encontraba aislada de las organizaciones sociales desde el  año 2003. Ahora hemos entablado relaciones con varias organizaciones y estamos generando procesos en común. Por iniciativa de esta comisión estamos desarrollando un acercamiento con Copredeh (Comisión Presidencial de Derechos Humanos), con las organizaciones sociales y con la comunidad internacional para elaborar la Política Pública en Materia de Derechos Humanos del Estado de Guatemala para la próxima década.

¿Es un proyecto reciente? 

Fue hecha  el año pasado, sin la participación de la sociedad, y evaluándola notamos que no está bien elaborada, parecía más un plan de gobierno, y además no se cumplió. Hemos encontrado apertura de Copredeh, eco en las organizaciones, y la comunidad internacional dará acompañamiento al proceso. Ahí tendremos que ver los temas de niñez, juventud, pueblos indígenas, defensores, todo lo que abarca el tema de Derechos Humanos en el país.

Usted, junto con otros diputados, presentó una propuesta para la derogación de la Ley de la Pena de Muerte, ¿cabe dicho hecho, en el “deber ser” de la Comisión? Amplíenos su argumento.

Sí. En el continente americano solo tres países tienen vigente la pena: Guatemala, Cuba y Estados Unidos. Guatemala y Cuba tienen 16 años de no emplearla y EE. UU., aunque es el único en aplicarla, tiene una reducción en su uso. En Europa ya no hay países aplicando la pena y nosotros, respetando los convenios internacionales, creemos que es sumamente importante que en la Constitución de la República ya no se encuentre la pena de muerte, conscientes de que esta no reduce ni es disuasiva para la delincuencia. Al contrario, se ha prestado a discursos políticos de algunos que aprovechan para ganar adeptos y desinformar a la población haciéndoles creer que con esto va a cambiar la situación de seguridad en el país.

Según encuestas, la población está de acuerdo con la pena de muerte ¿Por qué cree que esto ocurra?

Nuestra sociedad ha vivido sumida en la violencia, con el conflicto armado de más de 36 años, con la represión del Estado hacia la sociedad, con la falta de oportunidades y creo que lo que no hay es información en la población sobre las verdaderas causas de la violencia. Los principales responsables de la violencia y delincuencia son: desigualdad social (somos el país con mayor desigualdad social en el continente), falta de oportunidades de empleo, marginación, el alto porcentaje de personas viviendo en extrema pobreza. ¡Qué fácil sería eliminar físicamente a las personas y que eso trajera realmente una reducción! En Guatemala, el tema de las pandillas y maras se ha acrecentado y la gente, a veces, aunque sepa que esto no es un disuasivo, busca una satisfacción en la venganza. Eso solo genera una cultura de violencia que no es positiva para nuestra sociedad.

Existe la percepción que coexiste un doble rasero para los Derechos Humanos en Guatemala, ¿cree usted que sí exista entre exfuncionarios y presos políticos, por ejemplo?

Creo que hay desigualdad en los procesos. Las condiciones de las cárceles en el país son muy diferentes. Hay cárceles que tienen ambientes óptimos para la verdadera rehabilitación del delincuente y encontramos otras en condiciones de hacinamiento obsceno que contribuyena deformar aún más al delincuente.

Hay desigualdad en el sistema judicial con presos políticos o que son defensores de los Derechos Humanos, se les viola el debido proceso al suspenderles las audiencias manteniéndolos en prisión preventiva por más de un año. Ocurre con los militares también. Está el caso Chiroy, con 25 audiencias que se le van suspendiendo, tiene más de tres años y medio de estar preso, y si fuera condenado, su pena sería menor al tiempo que ya cumplió preso. En una situación similar se encuentran más de 3,500 personas de escasos recursos, que no tienen defensores de alto prestigio.  Por el otro lado están otros a los que se les agiliza la justicia y salen sin mayor problema. A nivel de justicia y del Sistema Penitenciario, a nivel de Sistema, sí hay una desigualdad en la atención.

La violencia es innegable, ¿qué opina del informe anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que nos coloca en la lista negra?

El Estado no atiende como debería a su pueblo, no solo desde el punto de vista de la violencia que menciona el informe, también en cuanto a la salud, educación, etcétera.  En el tema de la violencia, uno de los mayores problemas es la falta de financiamiento al Ministerio Público (MP) y al Organismo Judicial. Hay un alto porcentaje de casos que no son investigados y otros que están en mora en el MP. Los juzgados no se dan abasto para atender a tanto caso, en la defensa pública penal cada defensor tiene una gran cantidad de casos y no hay justicia pronta y cumplida. Esto es un caldo de cultivo para la delincuencia.

Se ve un crecimiento fuerte y sistemático de acoso y asesinato a defensores de Derechos Humanos, solo este año hay diez personas asesinadas que eran reconocidos defensores, y todavía la sociedad que defiende su territorio no ha encontrado el canal adecuado para que sean escuchadas sus demandas y atendidas sus preocupaciones, generándose así conflictos sociales que posteriormente son choques con las autoridades. Los líderes son capturados y señalados con delitos fuera de lo común como secuestro (en vez de detención ilegal) y les sindican con penas de 20 a 50 años.

¿Cuál es el futuro que ve para los Derechos Humanos, vamos hacia el fortalecimiento o a los discursos de odio?

La coyuntura que vive el país con la lucha anticorrupción desarrollada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha acrecentado en algunos grupos la confrontación generándose una cultura de odio y rechazo.  Creo que la lucha contra la corrupción es positiva porque abre los espacios para que cuadros buenos puedan copar cargos políticos y públicos y que exista transparencia para poder ejecutar el presupuesto y atender las necesidades que tiene la población. Debemos caminar hacia la cultura de la tolerancia, la paz, la construcción de una sociedad más justa.

Con un aumento de casi 100% de la pobreza extrema en el país urge de trabajo interinstitucional eficaz y eficiente. La Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, en coordinación con la PDH, ha girado una invitación al Relator de Naciones Unidas que atiende el tema de extrema pobreza, para que venga a Guatemala y analice las razones por las que aún cuando en la región la desigualdad social se reduce, en Guatemala se acrecienta. Apremian sus  recomendaciones y atender el problema de manera correcta.

La lucha por los derechos es constante, compartida y necesita el compromiso de todos y todas.

¿Qué hace la Comisión de DD. HH.?

Es la única comisión, de todas las del Congreso, que está plasmada en la Constitución Política de la República. Tiene una composición sumamente diferente a todas, ya que se integra por un miembro de cada partido electo para esa legislatura y lo que pretende es poder estudiar y proponer legislación relacionada con Derechos Humanos y analizar, estudiar los convenios y tratados internacionales.

Es el único ente que puede hacer recomendaciones a los diferentes órganos del Estado y generar evaluaciones sobre los informes de trabajo del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Esta Comisión es la que hace el proceso de selección de la terna presentada al pleno para elegir procurador y puede, de ser preciso, iniciar el proceso para su destitución.

Se invitó al Relator de Naciones Unidas que atiende el tema de extrema pobreza para que venga a Guatemala y analice las razones por las que aún se acrecienta la desigualdad social en Guatemala”.

Ronald Arango

presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso

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