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Hacia un Estado de derecho democrático

Guatemala es un país lleno de múltiples interrogantes y proyectos fallidos en torno al logro de un Estado de derecho democrático. Existe un vacío de poder que se manifiesta en la ausencia de legitimidad como requisito de la estabilidad y perduración del régimen político. A su vez, se manifiestan temas no resueltos en salud, educación, inseguridad ciudadana, desempleo, subempleo y costo de la vida.

A todo esto se agrega la dificultad en torno a la recaudación fiscal que ha generado por largos años evasión. No existe cultura tributaria, porque no existe claridad respecto al uso adecuado de los impuestos recaudados en beneficio de la sociedad, ni un sentido real de lo que es ser ciudadano. Se agrega, además, la corrupción que deslegitima a políticos y a la política, porque gobierno tras gobierno han hecho fiesta del erario público en beneficio de personas particulares. Han antepuesto, estos gobernantes, su bienestar personal con lujosas mansiones, ante realidades tan dramáticas como la pobreza, la pobreza extrema y la desnutrición infantil. Valores centrales como la generosidad, el respeto, la clemencia son ausencias permanentes.

Recordemos que “los valores aportan modelos de perfección que nos permiten determinar logros, posibilidades y carencias… pero a su vez son el sustento de nuestros proyectos y aspiraciones”. Y esto es la ausencia de la práctica política de los que han besado los puestos de poder en el Estado guatemalteco.

Entendemos que aspectos centrales de la administración del Estado pasan por una adecuada recaudación fiscal. Los impuestos que se recuperan se orientan idealmente al funcionamiento del Estado y a la ejecución de obras como infraestructura, salud, seguridad, educación con calidad, cultura, recreación, entre otros.

Sin embargo, la evasión fiscal, corrupción y ausencia de calidad de gasto, patentes en nuestro país, dificultan la satisfacción de los derechos ciudadanos y generan múltiples focos de conflictividad social. Es en este sentido, dice Carlos Molina, que “la justicia constituye el requisito primero de una coexistencia pacífica y consentida… si hay justicia cada cual verá sus intereses apropiadamente tratados, y obtendrá lo que le corresponde de acuerdo con sus actos, aporte y situación”.

Es en este sentido que adquiere importancia la lucha contra la corrupción emprendida por el MP y la Cicig, y adquiere significado el emprendimiento del trabajo de la SAT decidida a recolectar los impuestos que debemos pagar los guatemaltecos.

Combate a la evasión fiscal, cero corrupción, fiscalización y claridad en el gasto público, se convierten en las condiciones necesarias para invertir en la solución de problemas sustantivos de la sociedad, a fin de crear bienestar, que, en esencia, es para todos los guatemaltecos. Se superaría la conflictividad, se generaría seguridad ciudadana con certeza jurídica. Además, evitaríamos la migración hacia Estados Unidos, porque las razones de buscar mejores horizontes se resolverían aquí para crecer con dignidad. O sea, un Estado de derecho.

Cero corrupción, recaudación fiscal, fiscalización adecuada, calidad del gasto más inversión social con una visión de país incluyente, constituyen las premisas de un Estado democrático con ciudadanía plena.

Cero corrupción, recaudación fiscal, fiscalización adecuada, calidad del gasto más inversión social con una visión de país incluyente, constituyen las premisas de un Estado democrático con ciudadanía plena.

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