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TCQ: interventor propone suscribir un nuevo contrato

Alexander Aizenstatd, interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), recomendó ayer la anulación del contrato de usufructo con la Portuaria Quetzal y propone la suscripción de uno nuevo con la empresa APM Terminals; además, que el Estado reciba una reparación civil de $43.2 millones (Q327.4 millones).

Esta propuesta ya fue presentada a la empresa, ahora dueña de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), y se encuentra a la espera de recibir una respuesta en la presente semana, indicó Aizenstatd, quien acudió ante el juez de extinción de dominio para presentar su informe, tras asumir como interventor de TCQ.

De ser aceptada la propuesta, el Congreso de la República la debe aprobar. El contrato de concesión sería a 21 años y no prorrogable, por lo  que el patrimonio de la empresa pasaría a ser propiedad del Estado tras ese plazo.

Según el interventor, TCQ enfrenta serios problemas, pues tiene deudas por $126.5 millones (Q958.7 millones), las que ya se empezaron a pagar “para que no den por terminados los créditos”. De lo contrario, lo adeudado serían $180 millones (Q1,364.4 millones).

Asimismo, manifestó que TCQ tiene  un capital de $50 millones (Q379 millones) cifra que se queda corta comparada con la deuda de la empresa. Adicional a las deudas financieras, también hay compromisos  por construcción por más de $8 millones (Q60.6 millones) y otras por maquinaria por más de $9 millones (Q68.2 millones).

Mientras tanto, Anabella Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), aseguró que el contrato tiene vicios, por lo que fue planteada la nulidad del mismo. Agregó que lo planteado por el interventor no es factible, hasta que sea anulado el documento y se firme uno nuevo.

Los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti son sindicados por el Ministerio Público de participar en la firma de un contrato irregular, a cambio de sobornos, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Pronta respuesta

APM analiza propuesta

Susan Marstron, vicepresidenta de APM, dijo: “Hemos recibido las condiciones presentadas por el interventor. Voy a revisarlas con nuestra junta directiva”. También aseguró que darán una respuesta lo antes posible.

“Puedo asegurar que APM Terminales está comprometida de aceptar la responsabilidad económica y moral del caso. Vamos a trabajar con las autoridades para obtener una solución legal que permita a la terminal operar en una forma transparente y eficiente”, señaló.

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