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Entre sentencias y destituciones obligadas

El juez Miguel Ángel Gálvez inició ayer una nueva cátedra de Derecho. No hace falta ser sabio para darse cuenta, con esta primera parte de su exposición, que si no todos los procesados, al menos la mayoría deberá enfrentar juicio.

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Con su muy particular estilo, el juzgador se ha dado a la tarea de explicar, con mucho detalle, sus argumentos, aunque falta para que llegue a los concluyentes. Mientras, ha mostrado algunas pruebas, como un avión a escala, ya apodado La Balita, que representa una de las aeronaves que el expresidente Otto Pérez Molina recibió como obsequio de aquellos que lo aprecian o al menos, lo apreciaban mucho.

Ese regalito, de nada menos que cuatro millones de dólares, le habría sido comprado entre varios funcionarios.  Y su compañera de fórmula, Roxana Baldetti no se quedó atrás, pues le dio un helicóptero. Y quizás para dar una idea de la dimensión en que los acusados saquearon al Estado, Gálvez mencionó que para poder regalar esa aeronave sin incurrir en actos ilícitos, la exvicemandataria debió haber trabajado por lo menos 25 años como vicepresidenta, pues solo así le alcanzaría para comprarlo.

La cátedra continúa hoy y la verdad es que quién sabe si finalice. Lo que sí parece empezar a quedar claro es que el juez no tiene la menor duda sobre la responsabilidad de los exmandatarios en los casos de corrupción en los que se les acusa. Al menos eso es lo que se percibe, pero habrá que esperar la parte concluyente, para saber si estamos en la correcta percepción.

Mientras tanto, en otro tema, el castigo finalmente se hizo efectivo para quienes tienen la responsabilidad directa en el orden de los centros carcelarios. A nuestro juicio, mucho se tardó el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, para destituir al director del Sistema Penitenciario (SP). Pensábamos que esa medida se iba a anunciar en la conferencia de prensa que ofreció la tarde del lunes, pero no fue así.

Ayer, el titular de la cartera encargada de la seguridad ciudadana hizo pública la destitución del director y la subdirectora del SP y de la Granja Penal Pavón. Era lo menos que podía esperarse tras los lamentables sucesos del lunes, donde 14 personas fallecieron producto de un ataque con granada de fragmentación, 13 de ellos reos y una mujer de origen argentino que visitaba a Byron Lima, también muerto.

Encontrar a los sustitutos idóneos no será un trabajo fácil, pero sí necesario. El ministro Rivas, que ha venido haciendo una labor respetable, debe pensársela bien, si quiere que en realidad las cosas caminen con viento a su favor en un área que, como las cárceles, está colapsada en todo sentido, pero que debe recuperarse por el bien de la nación y para cumplir con el propósito real de facilitar la reinserción social de los privados de libertad.

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