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Conmoción por Ley de Amnistía de guerra civil

Jornadas de controversias se vivieron en El Salvador tras la anulación de la Ley de Amnistía que evitaba juzgar los crímenes de guerra, dictada por el Constitucional y que para algunos sectores “arrastra” al país al pasado y para otros es el inicio real de la reconciliación.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió el miércoles pasado que la Ley de Amnistía General, vigente desde 1993, es inconstitucional porque es “contraria” al derecho de “acceso a la justicia” y “reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.

El ombudsman salvadoreño, David Morales, aseguró que la anulación de la polémica ley no generará un “caos político”.

“Es un mito que aquí va haber una cacería de brujas, que se perseguirá a la clase política, que cambia el proceso de paz, que se altera la democracia, que se podría generar un caos político en El Salvador”, señaló Morales en conferencia de prensa.

Por su parte, el abogado defensor de los militares señalados por la matanza de los jesuitas (1989) en El Salvador, Carlos Mauricio Guzmán, dijo que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía “obliga al país a buscar un nuevo camino para la paz que se estaba construyendo hasta ahora”.

En contraste a estas posiciones, diferentes organizaciones de víctimas del conflicto armado dijeron a los medios que la anulación de la ley abre una vía para la reconciliación y supondría un “nuevo acuerdo de paz”.

Ejército y guerrilla

Reclamo de las víctimas

La inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General supone la posible reapertura de casos de crímenes de guerra atribuidos al Ejército y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), actual partido gobernante.

Entre los casos que podrían ser reabiertos o investigados por la nulidad de la Amnistía están el de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989), la masacre de más de mil campesinos en El Mozote (1981) y el magnicidio de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia católica.

Por el caso de los jesuitas 17 militares son requeridos por la Justicia española, de los que cuatro guardan prisión en su país a la espera de que la Corte Suprema decida sobre su extradición, que estaba en entredicho por la vigencia de la Amnistía.

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