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La Iniciativa legislativa 5091

¡Cuidado! La Iniciativa 5091 para aprobar la Ley de Moratoria Minera e Hidroeléctrica se compone de tres artículos. El primero ve hacia el futuro: suspende “por el plazo máximo de cinco años” (computados a partir del día  de su vigencia) “la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos y licencias hidroeléctricas”. El segundo afecta el pasado: dispone “revocar” las licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales e hidroeléctricas “ya otorgadas”.  La “revocación”,  dice Emilio Fernández Vásquez (Diccionario de Derecho Público, Buenos Aires, 1981): “Es un medio específico para eliminar del mundo jurídico un acto administrativo en él existente”. El tercero no tiene mayor importancia.

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Si la ley es aprobada, se afectarán valores y principios constitucionales. Y es que el artículo 15 constitucional dispone que “La ley no tiene efecto retroactivo”. La Ley del Organismo Judicial dispone a su vez que “La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos” y  que “La posición jurídica constituida bajo una ley anterior, se conserva bajo el imperio de otra posterior” (Art. 7 y 36, inc. f).

Ha dicho la Corte de Constitucionalidad que: “La regla general es que la ley es de aplicación inmediata y que rige para el futuro a partir de su promulgación; que se aplica en el presente, que no puede ser aplicada al pasado y que rige los efectos posteriores a su vigencia, aunque deriven de hechos anteriores a ella. La retroactividad consiste en la traslación de la aplicación de una norma jurídica creada en un determinado momento, a uno anterior al de su creación, por lo que se contemplan ciertas situaciones fácticas pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su realización. Existe cuando la nueva disposición legal vuelve al pasado para apreciar condiciones de legalidad de un acto, o para modificar los efectos de un derecho plenamente realizado. Son leyes retroactivas aquellas que vuelven sobre los efectos ya consumados bajo el imperio de una ley anterior; y el solo hecho de hacer referencia al pasado no es suficiente para calificarlas como tales, porque son las consecuencias nuevas las que se rigen por la ley nueva” y que “Para que una ley sea retroactiva es indispensable que obre sobre el pasado y que lesione derechos plenamente adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, para modificarlos. El derecho adquirido existe cuando se consolida una facultad, un beneficio o una relación en el ámbito de la esfera jurídica de una persona; por el contrario, la expectativa de derecho es la esperanza o pretensión de que se consoliden tales facultades, beneficios o relaciones; en tal caso, el derecho existe potencialmente, pero no ha creado una situación jurídica concreta; no se ha incorporado en el ámbito de los derechos del sujeto. Por esto, el principio de irretroactividad solo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos plenamente, a las situaciones agotadas o a las relaciones jurídicas consagradas, y no a las simples expectativas de derechos ni a los pendientes o futuros”. (Sentencia del 26.06.91. Exp. 364-90).

Para que una ley sea retroactiva es indispensable que obre sobre el pasado y que lesione derechos plenamente adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, para modificarlos.

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