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Si el transporte es para todos, que sea público

Rodrigo Del Águila

estudiante

Si el transporte es un servicio por qué no hacerlo un servicio público, que pase a manos de la administración estatal para evitar injusticias salariales y laborales a los empleados y la prestación de un servicio en función de la necesidad de movilidad con eficiencia y efectividad, acompañado de una fiscalización, principalmente cuando persisten los subsidios; los modelos mixtos han mostrado ser exitosos en otras latitudes.

Andrés Serra Rojas define a los servicios públicos como “…actividades que no son directamente productivas, esto es, que su producto no son bienes, pero que satisfacen necesidades”, y respecto al transporte precisa que “proporcionarlo corresponde a una rama de la producción nacional”. Lo público lo define como “de nadie en particular, sino de todos…”.

Los medios de comunicación han puesto en evidencia el mal manejo de los fondos recibidos en concepto de subsidio, y pareciera ser que no se reinvierte porque se ven unidades en mal estado, malos tratos, los usuarios no caben ni sentados, definitivamente no y menos en el servicio extraurbano. Uno de los problemas es que los  pilotos no cuentan con un salario como establece la ley, sino que subarriendan las unidades, pagan cobrador, policía privado, son víctimas de la extorsión y de los propios dueños de las camionetas que ponen cuotas de ganancia.

No hay instituciones que velen por las obligaciones de los dueños, ni los derechos de los trabajadores, menos de los usuarios. Por la parte de los consumidores, resultan ser un buen rebaño que aceptan los desmanes con resignación.

El servicio de transporte mueve a la base de la economía que es la gente, la mano de obra mal alimentada y mal educada que una cadena latente afecta los intereses de todos. Otro de los cuestionamientos es que el servicio al dueño le deja ganancias mientras al consumidor, un dolor de cabeza, incomodidad, retrasos, además de las metidas de mano, los arrimones y carterazos.

Por lo tanto, si el problema del servicio afecta a todos, por qué no es público y manejado como una empresa privada en términos de eficiencia y productividad que esté orientado a prestar un servicio para todos, que además deje utilidades al Estado y a los trabajadores, posibilitando la recaudación de recursos para la inversión en más y mejor transporte, vías de comunicación y otros servicios a precios justos para satisfacer necesidades y no transferir a entidades privadas fondos públicos,  mientras no se refleje un servicio de calidad.

Este servicio debe estar bajo control administrativo de quienes intervienen directamente en su prestación, en asociación con un Estado fuerte que regule, invierta y garantice el pago de los impuestos respectivos.

Proveer el mercado interno, antes de seguir beneficiando a los grupos de transportista mientras el país se llena de chatarra en la tacita de plata ya no es posible. Este anacronismo es el resultado de la carencia de un Estado Nacional, porque lo que existe son oligopolios y monopolios, bienes y servicios al alcance de estos y un andamiaje “legal” que perpetúa las eternas estructuras de abandono, terror y miseria.

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