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Comienza el juicio contra Los Topacio

Ayer se inició el juicio contra 32 personas, quienes se habrían apropiado de 50 propiedades por medio de estafas y hasta el asesinato de los verdaderos propietarios, cuyos traspasos ilegales eran agilizados por abogados de la misma estructura criminal, denominada Los Topacio.

Según las acusaciones del Ministerio Público (MP), la red se habría apoderado de varios bienes, ubicados en Izabal, la ciudad capital y Sacatepéquez, lo cual les permitía obtener ganancias millonarias, ya que cometieron las operaciones ilícitas desde 1990 hasta 2013, cuando se desarticuló la estructura.

El debate oral y público se lleva a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Janeth Valdez.

Fiscales del MP presentaron diferentes medios de prueba, entre estas la forma en que operaba la red en diferentes puntos del país. Según las investigaciones, los integrantes de la estructura también se habrían dedicado al sicariato, para desaparecer a los dueños de los inmuebles.

A criterio del ente acusador, Los Topacio tenían una organización bien conformada, ya que con la ayuda de funcionarios públicos obtenían información de terrenos, para posteriormente hacer el trámite y apoderarse de los bienes falsificando las firmas de los verdaderos dueños.

Cada integrante tenía su función; unos investigaban los datos de las propiedades, como terrenos baldíos, casas abandonadas o propiedades en venta; otros recopilaban los documentos con firmas falsas, y los abogados autorizaban la compraventa de los mismos.

Aparte de apoderarse de los bienes, los integrantes de la estructura también revendían las propiedades, ya que el MP determinó que una propiedad ubicada en la zona 1 capitalina fue vendida hasta por cuatro veces, por los mismos integrantes de la estructura.

Denuncias en el MP

Capturas pendientes

Alrededor de 23 años operó la estructura de Los Topacio en Guatemala, la cual, según investigaciones, era liderada por Mynor Giovanni Álvarez Jacobo, e integrada por hasta 75 personas. Sin embargo, aún hay más de 30 miembros pendientes de captura.

El Ministerio Público ha recibido alrededor de 1,800 denuncias de víctimas que habrían perdido su propiedad y se investiga si fue la misma banda. La mayoría son personas que recibieron herencia, de la tercera edad, o residentes en el extranjero.

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