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PDH presenta amparo contra el IGSS

El procurador  de los Derechos Humanos, Jorge de León, presentó una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) , solicitando que en un plazo de 48 horas las autoridades del  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) abastezcan de medicamentos a las personas pensionadas.

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En el documento señala que la autoridad contra la que se promueve el amparo es la Junta Directiva del IGSS,  debido a la falta de previsión de adquisiciones periódicas de medicamentos e insumos que surtan a esa institución.

De León expone en el amparo solicitado,  que  de manera efectiva,  el Estado debe tener las condiciones que permitan a los guatemaltecos vivir en un contexto de salud en el que exista la disponibilidad de los servicios de salud, servicios que, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, deben caracterizarse por su accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

“La institución que represento tiene conocimiento de la grave situación que acontece en el Sistema de Seguridad Social, por medio de los diferentes monitoreos realizados por personal a mi cargo y por denuncias que me han sido presentadas de manera directa”, agrega.

Añade que no se ha corregido la problemática que se denuncia, relacionada con el desabastecimiento de medicamentos e insumos para las personas que acuden a la red hospitalaria del seguro social.

En lo que va del año, la Defensoría de la Salud ha recibido un total de 375 quejas de los afiliados al seguro social, de los cuales, 262 corresponden al desabastecimiento de medicamentos. Según el informe, el Centro de Atención Médica Integral para Pensionados  (Camip) en Pamplona se encuentra desabastecido.

Se  evidenció que aproximadamente de ocho recetas que reciben, únicamente cubren una o dos, por la carencia de medicinas. Además, la compra de los medicamentos se realiza cada cuatro meses, cuando debido a la necesidad urgente de los pacientes, debería realizarse de forma constante.

En el presente caso, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pone en grave riesgo la vida, la seguridad y el desarrollo integral de la persona afiliada, pues, a pesar de tener la obligación de prestar un servicio médico adecuado, actúa con notoria negligencia administrativa al dejar de suministrar medicinas e insumos necesarios para garantizar a los beneficiarios del seguro social, atención médica de calidad.

El procurador expone que el objetivo del amparo es que se tutele a los pacientes afiliados al IGSS que utilizan la red de hospitales, clínicas, unidades, policlínicas y centros de atención médico-integral para pensionados, para que se les suministren de forma inmediata los medicamentos y pide fijar a la institución un plazo de 48 horas.

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