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Pretenden paralizar a mineras e hidroeléctricas

Los parlamentarios del bloque Convergencia, Sandra Morán, Leocadio Juracán y Álvaro Vásquez presentaron el pasado 2 de junio la iniciativa de Ley 5091, que dispone aprobar la Ley de Moratoria Minera e Hidroeléctrica. Esta se encuentra en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

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De ser aprobada, la ley constaría de tres artículos, siendo los principales dos de ellos. El 1 indica: “Por el plazo máximo de cinco años, contados a partir de la vigencia del presente decreto, se suspende la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos y licencias hidroeléctricas”.

Mientras que el 2 dice: “Las licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales e hidroeléctricas ya otorgados deberán revocarse y quedaran sujetas a las disposiciones del presente decreto”.

Carolina Castellanos, directora de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) fue la primera persona en pronunciarse contra el proyecto de ley y argumentó que de ser aprobado, dejaría sin producción minera e hidroeléctrica al país por cinco años: “nos estamos oponiendo fuertemente a esta iniciativa para que los diputados se den cuenta de las consecuencias nefastas que tendría para el país”, dijo.

Añadió que con la cancelación de las licencias se perderían miles de empleos para quienes dependen directa e indirectamente de la minería e hidroeléctricas.

Además, señaló que más de la mitad de la energía eléctrica que se produce en Guatemala es hidroeléctrica, aparte de que “es una energía 100 por ciento limpia. Si quitan esto, no solo tendríamos ríos más contaminados, sino que subiría el precio de la energía, porque Guatemala tendría que depender nuevamente del petróleo”, advirtiendo que se dejaría “en pobreza a un montón de gente”, que no podría pagar el servicio.

También mencionó que el Estado dejaría de recibir los impuestos que pagan las empresas, pues las mineras dan el 4 por ciento de aporte voluntario, más el 1 por ciento de regalías. “El Gobierno ¿de dónde más va a sacar recursos para salud, educación e infraestructura?” preguntó.

¿Confundida?

Por si esto fuera poco, se consultó a la diputada Sandra Morán Reyes, jefa de la bancada Convergencia y una de las ponentes de la iniciativa, si al ser aprobada la ley se suspenderían las licencias vigentes de las mineras y de las hidroeléctricas y qué pasaría con la energía que producen estas últimas, pues en 2015 representó el 35.38% de la electricidad generada en el país.

No solo no respondió, sino que indicó “hay muchas cosas alrededor de las minas y de las hidroeléctricas” y lamentó el fallecimiento de agentes policiales: “Mire lo que está pasando en Semuc Champey, también tiene qué ver con una hidroeléctrica, ahorita vimos el desalojo violento, lamentamos la muerte de estas personas, los dos policías”.

Agregó que ellos (los diputados) buscan hacer “un alto”, ya que es obligación de todos los guatemaltecos, incluyendo al presidente y diputados, “buscar el bien común”. Además, criticó la injerencia extranjera en la persecución de la impunidad; “las empresas mineras son extranjeras, que se están llevando las riquezas del país y no están invirtiendo aquí”.

Luego reconoció que están conscientes de que es una ley “que puede ser muy poco apoyada en el Congreso de la República”, puesto que hay diputados que aunque representan a sus departamentos “no necesariamente están con sus pueblos”.

En cuanto a que el año pasado la generación de energía sumó 10,301.87 GWh (gigavatios hora), mientras que la demanda máxima fue de 1,672.05 MW (megavatios), cuando la capacidad instalada es de 3,138.81 MW, la consultada aseguró:   “Hay formas, sin necesidad de hacer los megaproyectos” y no indicó la manera de lograr que el país genere la energía que se requiere para satisfacer la demanda, pues “no le puedo dar los megabajes” (sic).

Guatemala ¿con racionamiento eléctrico?

Riesgos de la aprobación de esta ley

“Causaría que se quedara sin luz Guatemala, se tendría que racionar el servicio o sustituir esa energía con generación térmica, más cara y contaminante”,  indicó Carlos Colón, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), al consultarle sobre esta iniciativa, por lo que calificó el tema de “extremadamente grave para el país”, por lo no se debería considerar. “El país no puede vivir sin energía eléctrica”.

Señaló que una de las particularidades de la energía renovable es que ha permitido que en menos de cuatro años la tarifa de electricidad “sea la mitad”. Y con una ley de esa naturaleza, solo se logaría “tener tarifas altas otra vez”.

Otra de las preocupantes de Colón es el tema ambiental, ya que Guatemala ha suscrito convenios internacionales tales como el COP 21, para protección del ambiente firmado en París, Francia, el año pasado. El mismo establece que los países deben contar con planes para mitigar los efectos del cambio climático y reducir las emisiones CO2, además de establecer el desarrollo de las energías renovables.

Por otro lado, los estudios efectuados por Central American Business Intelligence (CABI) indican que de ser implementado el plan de expansión de la generación por medio de energía renovable, “el impacto económico generado será de más de Q50 mil millones, lo que beneficiará la economía guatemalteca.  Ver iniciativas de ley de esta naturaleza, debería dar mucho miedo y preocupación”.

Sobre revocar las licencias ya otorgadas, afirmó que es un tema legal complicado, que atenta contra la certeza jurídica, pues hay más de $7 mil millones invertidos en los proyectos hidroeléctricos.

“Revocar las licencias, por supuesto sería ilegal, pues no solo tiene efectos económicos.  Es decir que Guatemala se quedaría sin luz y tendría tarifas carísimas; en el tema de cambio climático no estaría cumpliendo y el tema legal sería sumamente complicado”.

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