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Festín de beneficios en pactos colectivos

Bonos a granel, contribuciones para celebraciones sindicales, cuotas para financiar actividades deportivas o culturales y aumentos salariales desproporcionados destacan como compromisos adquiridos por 15 instituciones del Estado a través de los pactos colectivos signados con sus respectivos sindicatos, los cuales, a decir de algunos analistas, son cuestionables.

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La controversia en torno a estos acuerdos entre empleados y empleadores públicos está en auge. No tanto porque se cuestione la mera existencia de estas negociaciones colectivas como un derecho que tienen los trabajadores, sino más bien porque a merced de estas se han amparado el aprovechamiento de los sindicatos y el oportunismo de algunas autoridades, quienes han visto allí un espacio para el control político interno de las instituciones públicas.

La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Annabella Morfín, lo ha dicho: “…han existido abusos en los términos de los pactos. Es necesario hacer algo porque el Estado ya no está en la capacidad de mantenerlos”.

No es para menos, sucede que Siglo.21 revisó 15 pactos colectivos vigentes (entre estos el de Educación, el cual venció el pasado 8 de febrero y que costó al Estado no menos de Q1.8 millardos en tres años) y halló la concesión de una serie de beneficios a los que quizá ningún trabajador puede acceder en algún otro empleo.

Contribuciones para celebraciones de aniversario de los sindicatos, sobrado otorgamiento de bonos, cuotas para financiar actividades deportivas o adquirir implementos deportivos para los equipos institucionales, asuetos indiscriminados y aumentos salariales desproporcionados son parte de las referidas prebendas.

Justo o injusto

Prebendas o necesarios beneficios, ese es parte del dilema que se plantea a partir de estas cláusulas contenidas en los referidos pactos colectivos de condiciones de trabajo.

“Creo que todo dependería. En el caso de los bonos hay que revisar la estructura salarial de estas dependencias, pues en ocasiones estos se utilizan para alcanzar una remuneración digna que de lo contrario no se obtendría. Por ejemplo, en salud pública un médico tiene un salario base de Q3,500 pero con los bonos mensuales llega a Q6,000, Q7,000 u Q8,000, según la categoría y los años de trabajo”, dice al respecto Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

De igual forma, Ángel Ramírez, de Congreso Transparente (CT), considera que ciertos beneficios para los empleados públicos son necesarios puesto que “tratar de generar condiciones aptas para un funcionario público es indispensable para el buen hacer de las instituciones del Estado. Sin embargo, también son imperativas algunas limitaciones, pues no es un secreto que en ocasiones los pactos se fundan sobre la discrecionalidad y arbitrariedad de las autoridades que ven en estos una forma de hacerse de ventajas durante su gestión”.

“Estos no son beneficios, son privilegios que comúnmente laceran la sanidad financiera de las instituciones. La pregunta es, ¿en qué momento empezamos a darlos? ”

Veamos el Congreso o las portuarias. Nunca se hicieron estudios para determinar que existía la capacidad institucional para asumir tales compromisos; estos pactos se firmaron sobre intenciones meramente políticas donde el funcionario trataba de quedar bien con sus trabajadores”, añade María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Dadas estas controversias, José Pinzón, de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), recuerda que la negociación colectiva es un derecho adquirido y parte de un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asumido por el Estado guatemalteco.

“Sin embargo, dentro de esa negociación no hay una actualización de la realidad orgánica e institucional de con quien se negocian los pactos colectivos. Es decir, una cosa es pelear por mis derechos y otra es ver si las posibilidades que existen para hacer valer esos derechos me responden o no. Estos son elementos de fondo que durante el proceso de negociación colectiva no se han tomado en cuenta y que han resultado en convenios que sobrepasan posibilidades reales. Pero no por esto debemos satanizar la negociación colectiva, sino más bien llamar a la responsabilidad de los funcionarios por no aclarar con precisión el estado financiero de sus entidades”, concluye Pinzón.

Con todo, los consultados concuerdan en que es fundamental encontrar una salida inmediata a esta problemática que podría estar diezmando el erario público y que para el efecto debe llamarse al diálogo, al estudio y revisión de los pactos y a la toma de conciencia de las partes para el entendimiento de lo que el Estado con sus posibilidades es capaz de otorgar a sus empleados, sin menoscabo de las acciones legales que la Procuraduría General de la Nación (PGN) deba iniciar en torno a estos convenios.

Los casos 

En casi todas las instituciones del Estado existe un pacto colectivo. Aunque en los últimos tiempos los más criticados han sido los del Ministerio de Salud y el del Congreso de la República.

Pero no son los únicos, ni en abusos ni en cifras exorbitantes.

Dirección General de Migración, del Ministerio de Gobernación

Está vigente el pacto colectivo de condiciones de trabajo celebrado con el Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Migración (S.T.M.), donde se determina que como mínimo cada año deberán entregarse al sindicato Q18 mil para la celebración de su aniversario, e igual cantidad para el Sitrammig, otro de los sindicatos en dicha entidad. Al S.T.M. también debe otorgársele Q25 mil para la conmemoración de la fundación de la Dirección y Q25 mil para el convivio navideño, más otros Q15 mil anuales para el fomento de la cultura y el deporte. A lo anterior hay que sumar al menos tres bonos: el de responsabilidad, por Q500; por transporte, de Q200, y el anual incentivo, de Q4 mil; sin contar que dan asueto a todo el personal el 26 de abril, Día de la Secretaria, y el 10 de mayo, Día de la Madre.

Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

Otorga al menos siete de este tipo de contribuciones a sus empleados en los renglones 011, 022 y 031: bono compensatorio, Q1,100; bono vacacional, Q2,200; bono navideño, Q400; bono de alimentación, Q300; bono de estudios, Q750; bono aniversario, Q4,200 y bono especial mensual grabado porcentualmente según el puesto.

Esto gracias al convenio entre el MEM y el Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas (Sintraenem).

Ministerio de Trabajo (Mintrab)

Bono de transporte, Q1,200 mensuales; bono para la recreación, Q500 mensuales; bono Semana Santa, Q1,000; bono aniversario, Q1,000 y bono navideño, Q1,000.

Ministerio de Economía (Mineco)

Bono extraordinario anual de Q10 mil para “contrarrestar el incremento en el costo de la vida”, bono de transporte de entre Q240 y Q360 mensuales, según el rango salarial, y subsidio para almuerzo de Q200 mensuales.

Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin)

Bono extraordinario anual de Q3,000; bono de aniversario anual de Q2,500; bono de eficiencia fiscal “para elevar la eficiencia y eficacia de su personal”; subsidio para anteojos por Q600 y subsidio de entre 50% y 70% para almuerzo servido en la institución.

Ministerio  Público (MP) 

Bono laboral, bono extraordinario, bono de antigüedad, bono vacacional, bono de mérito, bono de noviembre y una bonificación profesional para auxiliares fiscales.

Organismo Judicial (OJ)

Bono de vacaciones de Q1,000 anuales, aumento salarial de Q800 mensuales, Q250 anuales por antigüedad, bono anual del 5% “calculado sobre el salario ordinario mensual, cifra que se multiplicará por 12 meses para obtener el monto a pagar” y bono Semana Santa de Q3 mil.

Plazas heredables

Sin embargo, no todo son bonos; también hay otro tipo de contribuciones que los empleadores públicos firmantes de estos pactos están obligados a otorgar.

Hay instituciones en las que las plazas se convierten cuasi en propiedad de los empleados. Cuando el titular de una plaza la abandona, por cualquier razón, incluso la muerte, los familiares tienen preferencia para ocuparla. Así sucede, al menos en instituciones como el Ministerio de Economía (Mineco) o la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

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