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Pacto colectivo entrampa a la comuna de Antigua Guatemala 

Al pacto colectivo (PC) de condiciones de trabajo suscrito el 16 de enero de 2008 entre el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Sacatepéquez (Sintramsa), Manuel de Jesús Ajmaj, y el exalcalde de la Antigua Guatemala Adolfo Vivar se adhirió el Sindicato de Empleados Municipales de Antigua (Sinemunantigua), el 10 de junio de 2010, fecha de su fundación.

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Pero el PC con vigencia de dos años no fue renovado por el jefe edil, porque ya tenía prevista la creación de un nuevo sindicato. Además, el Bufete Corporativo Ortiz Martínez aumentó sus honorarios cobrados por la asesoría de ese pacto de Q300 mil a Q1 millón que rechazó Vivar, recordó Ajmaj. Por eso, el 20 de noviembre de 2009 el Sintramsa emplazó a la Municipalidad ante el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Sacatepéquez porque la Municipalidad rechazó un pliego de peticiones laborales tres meses antes.

El emplazamiento ató de manos a la Municipalidad y ningún empleado podía ser despedido sin la autorización de juez competente. Por tal razón, ambos sindicatos han ganado las reinstalaciones laborales de sus afiliados y la comuna ha desembolsado cuentas millonarias en pago de salarios caídos a falta de un reglamento de trabajo. Este conflicto jurídico y socioeconómico llevó a la institución a la corrupción y a la sobrepoblación laboral.

El exdirector de Recursos Humanos de la Municipalidad, Carlos Valdez, evidenció parte del problema con este dato: hasta el 17 de mayo la entidad contaba con 915 empleados y las prestaciones laborales anuales ascendían a Q68 millones. La alcaldesa, Susana Asensio, se comprometió a regular esa sobrepoblación  porque consume el 65% de los ingresos de la Municipalidad, además, aseguró que existe un bajo rendimiento laboral en muchos trabajadores. Sin embargo, ha contratado a más de una veintena de trabajadores en puestos de confianza.

Sin columna

vertebral

El PC, en su artículo 11, establece que la comuna debía elaborar un reglamento interno de trabajo de carácter disciplinario y con miras a la promoción laboral, 90 días después de su suscripción, pero nunca lo hizo.“No hay forma de castigar, premiar o promover al empleado municipal”, lamentó en marzo el efímero asesor jurídico Christian Lanuza, quien llegó en  febrero y fue despedido en abril por presiones de algunos miembros del Concejo. Eso sí, la estabilidad laboral se garantizó para todos. Además, los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo de los sindicatos gozan de inamovilidad laboral, según ese pacto.

Bonos y gastos

Los empleados reciben un bono vacacional de Q400. Uno de Q200 si acreditan hijos menores de edad. Otro por Q100 si superan los cinco años continuos. Q700 para la inhumación del trabajador o su cónyuge, hijos o padres, y Q12 diarios de pasaje a un grupo de trabajadores de la finca Florencia.

Los sindicatos reciben de la Municipalidad Q4,000 para su aniversario y Q3,000 para el convivio navideño. Además usan para esas celebraciones el Centro de Convenciones César Brañas con mobiliario y sonido.

Ambos sindicatos tienen de sede inmuebles municipales. El Sintramsa, la casa de la 3ª. calle Poniente número 11, y el Sinemunantigua, un local en el Centro de Convenciones César Brañas, que incluye mobiliario, equipo, energía eléctrica y teléfono.

Pero las dádivas van más allá. Cada quincena los empleados disponen de medio tiempo libre para cobrar el salario. Asueto el primer viernes de Cuaresma, Viernes de Dolores, fiestas del Corpus Christi y de Santiago, además del aniversario del sindicato y convivio navideño.

Retenciones y cuotas

A decir del secretario general del Sinemunantigua, Edwin Guerra, la Tesorería Municipal retiene a sus afiliados Q10 mensuales, mientras que a los afiliados del Sintramsa la retención es proporcional al salario, aseguró Ajmaj. Esas retenciones se devuelven a los sindicatos y la Municipalidad entrega una cuota patronal por el 50% de las retenciones. Ambos sindicalistas coinciden en que esos ingresos se invierten en el pago de honorarios a sus abogados, celebraciones de aniversario y del convivio navideño.

Diálogo truncado

La nueva administración municipal intentó dialogar en febrero con los sindicatos para tratar una agenda mínima de entendimiento, pero las intrigas al interior del Concejo obligaron a la separación del asesor jurídico, Christian Lanuza, quien habría denunciado actos anómalos en contra de los concejales María Eugenia Contreras y Carlos Azurdia.

En ese intento salió a luz la sindicalización de empleados de confianza, la falta de idoneidad de algunos trabajadores y la corrupción en las instituciones para reinstalar a los cesados. Por ejemplo, el juez municipal, Mario Guerra, ocupa un puesto de confianza y es el secretario de actas del Sinemunantigua. El juez de Tránsito, Luis Briseño, además de ocupar un puesto de confianza tampoco es abogado, como lo requiere la plaza, y la mayoría de policías municipales están sindicalizados pese a la prohibición legal.

Pero la carta bajo la mesa sindical es que antes de cualquier diálogo la Municipalidad cumpla con el aumento del 5% al salario mínimo que asciende a Q2,580.90; sin embargo, la jefa edil aseguró que no hay capacidad financiera para atender esa demanda.

La Municipalidad solicitó al Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Sacatepéquez un recuento de afiliados por cada sindicato, pero el ente juzgador le notificó el pasado 3 de mayo que no admitió para su trámite el incidente número 189 de esa solicitud, “por no ser el momento procesal oportuno dentro del conflicto colectivo y porque no se hace necesaria una declaración judicial”.

Las autoridades municipales esperaban ese dato para comenzar a negociar con el sindicato mayoritario un nuevo pacto colectivo que responda a los intereses y necesidades de la comunidad municipal, pero al parecer el conflicto continuará.

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