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Guatemala: ¿Qué hacer?

La semana pasada asistimos al foro denominado: “Hacia la transformación profunda del Estado de Guatemala desde los pueblos”, con la participación de Rutila Ajanel, Rigoberto Quemé y Alfonso Portillo. El evento, organizado por la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas y el Observatorio Indígena Nacional, fue moderado por Karin Slowing Umaña.

A los tres exponentes se les interrogó sobre las reformas prioritarias que necesita el país. La pregunta fue lanzada por uno de los asistentes, pero es la interrogante que resuena en todos los espacios sociales y políticos: ¿Qué hacer? “Reforma educativa para vivir bien”, respondió Rutila, quien sorprendió por su amplitud de criterio y su invitación a dialogar y consensuar con actores que usualmente son descalificados por prejuicios políticos, resentimientos y el sectarismo ideológico.

Coincidieron en la reforma fiscal como otra prioridad. “Es el único país de América Latina con el diez por ciento de carga tributaria”, dijo Portillo, al destacar la necesidad de revisar el Impuesto Sobre la Renta. Los tres hablaron de la reforma del sistema político-electoral. Aunque comentaron que la depuración se está dando, criticaron al Congreso actual por no haber comprendido el momento político que vive el país y haber hecho una reforma cosmética, superficial. La gente quiere cambios, pero muchos diputados no obedecen a los intereses del país, sino a intereses privados y a quienes financiaron sus campañas electorales.

El tema que más acaparó la atención de expositores, como del público asistente a la actividad, fue el modelo económico. “Tenemos una economía insostenible. Necesitamos hacer cambios estructurales, dinamizar la economía”, afirmó el expresidente Portillo. Ofreció un dato: la clase media ha retrocedido de 13 a 8 puntos. Se ha reducido. Pero muchos empresarios se resisten a una economía abierta. Veinte años tiene de estar engavetada la Ley de Competencia Económica, al extremo que Guatemala es el único país de Latinoamérica que no cuenta con una ley de competencia que proteja al consumidor y que prohíba los monopolios.

El proyecto de ley de competencia, que debería combatir las estructuras monopólicas, ha sido criticado por carecer de mecanismos efectivos de sanción y por excluir a sectores poco abiertos a la competencia: bancos y telecomunicaciones. “Ya parece una ley de defensa de los proveedores, y no una ley para velar por los intereses de los consumidores”, dijo un consultor que vino a Guatemala recientemente y que comentó la iniciativa.

Al hablar de qué reformar, se dijo que el objetivo debe ser lograr que el Estado represente los intereses de todo el conglomerado social, no los de un grupo, de dos o tres grupos, sino de todo el país. Materia importante de discusión fue la paradoja de que el más interesado en estos cambios es Estados Unidos, por razones geoestratégicas. No pueden darse el lujo de tener un país con tanta pobreza y exclusión, inseguro, sin justicia e incontrolada corrupción, en sus propias fronteras.

La gente quiere cambios, pero muchos diputados no obedecen a los intereses del país.

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