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Datos personales sin control

Entre 2013 y lo que va de 2016 la PDH ha recibido 765 denuncias por comercialización de datos personales. Dentro de estas, al menos cinco empresas han sido señaladas de transar ilegítimamente información sensible de centenares de guatemaltecos.

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Quizá cotidianamente este no sea un asunto que le inmute, pero la recopilación, difusión y transacción de manera ilegítima e indiscriminada de sus datos personales y de miles de guatemaltecos, es una actividad sistemática e ininterrumpida, desarrollada por empresas privadas que tienen como principal rubro de negocio la compraventa de información sensible de las personas.

“Los datos que se comercializan consignan información crediticia, judicial, mercantil y de prensa, todo sin el consentimiento de los titulares”, dijo el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque.

Las empresa responsables de violaciones al derecho humano a la autodeterminación informativa, a la vida privada, a la dignidad, al honor y a la intimidad por comercialización de datos son Informes en Red S.A. (Infornet),  Digitación de Datos (Digidata), Trans Unión Guatemala S.A., Informática Montano S.A. y Representaciones Roglar S.A.

Eso es lo que consta en los fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en la confirmación de esas sentencias por parte de la Corte de Constitucionalidad, en febrero de 2015.

“La comercialización de información de datos de una persona debe encontrarse sujeta a que esta sea proporcionada voluntariamente por la persona, cuyos datos serán objeto de comercialización y que al momento de obtenerse se haya garantizado a tal persona los derechos de actualizar, rectificar pero sobre todo de confidencialidad y exclusión como una manera de resguardo de sus derechos fundamentales, tales como a su intimidad personal, privacidad y en especial al honor”, amparó la CC.

Sin embargo, la problemática continúa. Nuestros datos personales e información más sensible siguen siendo transados al mejor postor, de ahí que muchos sigan recibiendo llamadas para ofrecerles tarjetas de crédito o financiamientos de dinero en efectivo.

Bajo riesgo

Preocuparse no es para menos. Pero los efectos de casos que pudieron tener consecuencias mayores para muchos, eso resulta alarmante, asegura María Eugenia Solís, asesora jurídica de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Siglo.21 cuenta con tres testimonios de personas afectadas por dos de esas empresas. Ninguna interpuso denuncia alguna, pero sus vidas recibieron impactos negativos del accionar de estas entidades privadas.

El primero de los casos es el de Julio*. Él cuenta que en 2011, por medio de un conocido que tenía acceso a la plataforma de Infornet, se enteró que allí se le atribuía la responsabilidad sobre un asalto a una vivienda en Quetzaltenango. Esta sindicación estaba respaldada por un reporte de prensa de un medio de comunicación. Sin embargo, había un error, pues la persona señalada de tal hecho era otra que compartía los mismos nombres y apellidos que la víctima, pero los dos apellidos tenían un orden diferente.

La información se corrigió, pero en el ínterin Julio piensa que su nombre se vio afectado por mucho tiempo, cuando otras personas observaban la publicación de Infornet.

Otro caso es el de Francisco*, quien asegura que ha podido corroborar que Trans Union e Infornet poseen su información personal, pero incompleta, errada y desactualizada, pues se le achaca el impago de unos créditos que él ya canceló y un historial laboral que no coincide con su verdadera trayectoria. Asegura que ya solicitó la actualización de esta información, pero nada le han resuelto hasta ahora.

Héctor*, otro afectado, tiene una historia diferente. Cuenta que ya había logrado que borraran sus datos de los registros de Infornet, pero que al realizar una operación comercial esta le fue negada, por el simple hecho de no aparecer en este tipo de bases de datos, por lo cual tuvo que solicitar que subieran su información de nueva cuenta. “No entiendo por qué le dan tanto crédito a la información que manejan estas empresas. Si uno está en sus registros se ve afectado y si uno no está, también”, concluye.

¿Hay solución eficaz?

Los hechos lo prueban, a pesar de los esfuerzos y las resoluciones de la PDH y el amparo ofrecido por la CC, la compraventa de datos personales se sigue dando y, lo peor de todo, sigue causando daño a muchos guatemaltecos. Luego del fallo de la Corte de Constitucionalidad las denuncias continuaron. Se reportaron 402 casos en 2015 y van 94 de enero a junio de 2016.

Ante este panorama, Silvio Gramajo, experto en temas de acceso a la información, destaca que dicho problema se da fundamentalmente porque no existe una ley específica que norme la posesión de datos personales en manos de particulares.

“Por ello es importante que se regule el uso de este tipo de información, por ejemplo, a través de una Ley de habeas data que proteja y establezca parámetros de hasta dónde y para qué se nos puede solicitar información personal”, dice el experto.

Con lo anterior coincide Jorge Ávila, asesor del cuarto Viceministro de Gobernación (Mingob). El funcionario asegura que “es preocupante que alguien esté comercializando con nuestros datos, sin nuestra autorización previa y sin garantías mínimas para el uso de estos. Por ello es fundamental la existencia de leyes que regulen este tipo de operaciones”, dice.

Proteja su información

Esté atento

Jorge Ávila, asesor del cuarto Viceministro de Gobernación, nos ofrece dos recomendaciones para proteger nuestra información personal, ya sea al cederla de forma electrónica o análoga.

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No atienda solicitudes de actualización de información personal enviadas a sus cuentas de correos electrónicos o redes sociales, si la fuente del requerimiento no es segura o verificable. Recuerde, en muchas ocasiones estos formularios se nos envían bajo la excusa de que son necesarios completarlos para seguir gozando de beneficios o actualizaciones de software o de servicios vinculados a cuentas de e-mail que poseemos.

2

Comúnmente en los pasillos de los supermercados se nos hacen ofrecimientos de tarjetas de crédito o membresías. Sea cauto al llenar estas solicitudes, en muchas ocasiones dichos formularios contienen cláusulas al pie (en diminuta tipografía), donde consta que al firmarlos usted cede el uso de la información que consigne allí.

El negocio

Detrás de sus datos

Los consultados coinciden en que es difícil dar una cifra exacta sobre lo que produce este rubro de negocio, pero que puede estimarse en millones de quetzales.

Según logramos constatar, el reporte de Infornet de una persona en específico puede costar no menos de Q75, tramitado a través de un bufete de abogados que tenga acceso a dicha base de datos, por ejemplo.

De igual forma, un parámetro del rédito que producen nuestros datos en manos de particulares lo puede dar el tarifario que Infornet tiene publicado en su sitio web, donde se indica que “hay servicios basados en nuestra información que pueden costar desde US $0.85 hasta US $140.00”..

Buscamos la explicación de Infornet sobre estos cobros que realizan y sobre el origen de sus bases de datos, pero se nos informó que la persona responsable de dichas declaraciones se comunicaría con nosotros hasta mañana martes, aún cuando advertimos que publicaríamos la información hoy.

*Los afectados pidieron el anonimato.

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