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Cesó el fuego en Colombia

América se perfila como un continente de paz, gracias al acuerdo de cese al fuego, bilateral y definitivo, signado por el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más extensa y antigua guerrilla latinoamericana.

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La firma de este esperanzador acuerdo se llevó a cabo el pasado 23 de junio, en La Habana, teniendo como garantes a los gobiernos de Cuba y Noruega, contando como invitados de honor al Secretario General y a los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU; y cinco presidentes latinoamericanos.

La voluntad de las partes contendientes de terminar con las acciones bélicas, estuvo determinado por la inviabilidad de las estrategias militares. Ni el Estado colombiano pudo derrotar a las FARC, ni la guerrilla pudo tomar el poder. Asumir esta realidad requiere de gran madurez y de un enorme valor cívico; no hacerlo conlleva ríos de sangre y sufrimiento.

Las cifras del conflicto en Colombia son impactantes: 52 años de duración, más de 200 mil muertos y 7 millones de desplazados internos. El costo social y el dolor que estos números entrañan son incalculables. Por ello es deplorable que políticos obtusos, como Álvaro Uribe (el ídolo de la derecha guatemalteca), se oponga a las negociaciones de paz, estando sindicado de promover las bandas paramilitares, que persiguió Iván Velásquez.

Las FARC decretaron un cese al fuego unilateral desde junio del año pasado, el cual fue correspondido con una baja de las acciones militares gubernamentales. Ahora, el acuerdo es bilateral y definitivo: no más acciones bélicas, por lo que la población se volcó a celebrar y las campanas tocaron a rebato.

Después seguirá el proceso de dejación de las armas y la concentración de la guerrilla desarmada en lugares convenidos, para reinsertar a los combatientes. Algunos de ellos, así como militares y policías, no serán beneficiados por la amnistía de los delitos políticos y conexos, por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Todo esto, con acompañamiento de la ONU y la CELAC.

Es significativo que, antes de pactar el cese al fuego, las partes hayan acordado, en diciembre de 2015, el tema de la reparación y la justicia para las víctimas del conflicto armado. Esto le da sostenibilidad y credibilidad al proceso, pues sin verdad y justicia no puede haber garantías de no repetición, piedras angulares de una paz duradera. La reparación a las víctimas será la base de la reconciliación.

Para alcanzar esos objetivos, pactaron un enfoque territorial, diferencial y de género; proveer seguridad jurídica para los procesados; promover la convivencia y la reconciliación; y conseguir tener legitimidad social.

Acordaron establecer una una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que será la encargada de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Habrá un Tribunal para la Paz, que juzgará las graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.

También pactaron la creación de mecanismos judiciales, ajenos a la JEP, para investigar y desmantelar bandas criminales, devenidas del paramilitarismo.

Álvaro Uribe descalificó el acuerdo, aduciendo que al pactar con las FARC “la paz queda herida”. El líder insurgente Pablo Catatumbo ripostó: “Lo que está herida es la guerra y esa tendencia a querer resolver todo por medio de la guerra”.

Lo más relevante es el convenio de someter todo lo negociado a un referendo popular, por lo que el veredicto final lo tendrá el Pueblo colombiano, que quiere paz.

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