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La presunción de inocencia y el debido proceso son dos aspectos base de todos los sistemas jurídicos.  Son la base fundamental de una sociedad civilizada, y sin la cual sería imposible vivir en sociedad.

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A veces los sistemas jurídicos son incapaces para funcionar del todo.  El indicador de esto son las tasas de impunidad.  Países como Guatemala y México tienen tasas de impunidad similares a la que tiene un país como Afganistán.  Esto quiere decir que de cada cien casos que llegan a los juzgados menos de 10 logran resolverse.  Y quizá, incluso, las formas como estos casos se resuelven sería cuestionable.   Y cuando hay tasas de impunidad muy altas,   el incentivo racional para la justicia extrajudicial aparece de forma muy rápida.  También es cierto que los sistemas de justicia, con las anteriores características,  se caracterizan por saturar: saturar casos, saturar personas en prisión preventiva y hacinamientos en lo restante del sistema carcelario.

Con todo lo anterior, agreguemos la siguiente complejidad: De un momento a otro el sistema de justicia comienza a recibir un mayor volumen de casos y concretamente, casos de alto impacto. ¿Cuáles son los riegos para el sistema?  Un sistema que abusa de ciertas figuras jurídicas y que tiende al entrampamiento puede generar acumulación de casos.  Pero en Guatemala el debate en este momento no está centrado en el funcionamiento sistémico sino en la paranoia de suponer que las garantías fundamentales están puestas en tela de juicio.

Pero una revisión un poco más detallada mostraría que las cosas no son tan así.  Algunos casos.

Los hermanos Valdez-Paiz argumentaron que adrede la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig)  les evitaba llegar a juicio.  Cuando llega el momento de presentarse ante juez, ponen un amparo.  Algunos de los casos llevados por Francisco Dall’Anese no llegaron a buen puerto y fueron desechados por el mismo sistema.  En los casos actuales, a ninguno de los imputados se les ha negado el derecho de primera audiencia, o la legítima defensa.  Roxana Baldetti, cuando ha querido excusarse por razones de salud ha recibido la autorización del juez.  Cuando algún imputado a querido abusar de los recursos “médicos” para refundirse en el hospital, el sistema no lo ha detenido.   Lo que quiero dar a entender es que, si la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (Cicig) de verdad estuviera pisoteando garantías, negando la presunción de inocencia o generando un régimen de terror,  las cosas irían mucho distinto de cómo van.

De hecho, quienes han históricamente violado la presunción de inocencia son todos aquellos que han justificado la ejecución extrajudicial como mecanismo resolutorio de la justicia.  Si hablamos de las etapas del conflicto armado con los crímenes de guerra cometidos por ambos bandos, si hablamos del control penitenciario y la política de combate a las pandillas la presunción de inocencia jamás ha existido.

La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (Cicig) tiene que operar, funcionar, echar mano y depender de un sistema que no ha sido precisamente el mejor para funcionar.  Nadie está imponiendo un régimen de terror pero sí está mostrando lo complicado que es operar en un contexto donde se había estado acostumbrado a la “palanca”, el “cuello”, las influencias ajenas y los mecanismos informales. La justicia se está aplicando sin mayor consideración de privilegios sin importar abolengo, éxito empresarial o el color de piel.  Claro, más de alguien podrá resentirlo pero por suerte, esta Comisión opera con mucha profesionalidad.

El riesgo es que, en todo lo demás, se depende de un sistema de justicia por el que poco se ha pagado y casi nada se ha hecho.

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