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¿Un paro nacional de empresarios?

El reporte que publicó la Comisión Económica para América Latina  y el Caribe (Cepal) la semana pasada es lapidario: la inversión extranjera en Guatemala se redujo en un 13 por ciento durante el último año. El informe destaca que nuestro país, junto a Venezuela, impactó en un aumento de siete millones de pobres registrados o proyectados en la región. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, descubrió el agua azucarada, al indicar que para terminar con la pobreza se debe generar empleos de calidad.

La inversión está saliendo despavorida o rehúye venir; se sabe que nada es más escurridizo que el capital cuando se siente amenazado, en nuestro país las condiciones no son seguras, y sin inversión es imposible generar puestos de trabajo con la velocidad, cantidad y calidad que se necesitan.

La agresión que sufre la iniciativa privada aquí es descomunal. Se le agrede con resoluciones judiciales absurdas emitidas por juzgadores pusilánimes, incapaces de resolver apegados a derecho porque, por ejemplo, el querellante es parte de ese grupo que se hace llamar sociedad civil; así, mil 400 trabajadores se quedaron sin empleo la semana pasada al cerrar una mina en Izabal; la inversión sufre el ataque constante de una intrincada red de oenegés coordinadas muchas veces desde la Iglesia Católica (mi iglesia), bajo la dirección de extranjeros que ostentan el poder y les da grandes cantidades de dinero del exterior, y les permite manejar a supuestos líderes indígenas y campesinos, que agreden a las empresas que dan trabajo a millones de guatemaltecos.

Flota en el ambiente una conspiración perversa, que persigue un cambio radical de nuestro sistema económico y social, y no precisamente por la vía democrática. El tuit publicado el sábado pasado por Iván Velásquez en contra del principio fundamental de la presunción de inocencia que debería ser respetado por los fiscales del Ministerio Público lo dice todo. Falta ver si la Cicig mide a todos con el mismo rasero a la hora de hacer cumplir la ley, ahora que es por todos conocida una extensa declaración de Juan Carlos Monzón, en la que menciona como recipiendario de una ilegal cantidad millonaria de dinero del gobierno patriota, a una persona a quien identificó como “Pascual”. Pero aun si se tratase del individuo del mismo nombre que yo conozco, debemos exigir que se respete el Debido Proceso, pieza fundamental de la justicia y del Estado de Derecho, comprendido como el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada. Solo así podremos revertir ese 13 por ciento al que hace referencia la CEPAL. Es la única manera; otra, simplemente no existe.

¿Llegó la hora de considerar un paro nacional de empresarios? Yo creo que sí.

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